Fedap condena Pacto Migratorio Global

La Federación de Asociaciones de  Profesionales de  Panamá (Fedap), expresó su preocupación por los  altos niveles de  corrupción, despilfarro  e impunidad  que  caracterizan la administración  del presidente  Juan Carlos Varela y exige  que se deje sin efecto de manera inmediata  el compromiso adquirido  con  el Pacto Mundial  para la  Migración ordenada,  por atentar  contra los  intereses  nacionales.

En una conferencia de  prensa, la  Fedap  condenó  la situación  que atraviesa  la Caja de  Seguro Social  y la  ausencia de respuestas de las autoridades, al déficit de más de 4 mil millones de  dólares  que enfrenta , al menos  que  estén esperando  que  el sistema  colapse,  manifestó el secretario, ingeniero  Gustavo Bernal.

En el pronunciamiento,  el gremio  de  profesionales cuestiona  las decisiones  de la Junta  Directiva de la  Caja de  Seguro  Social, las  cuales,  en  ocasiones, impactan en la salud económica  de la entidad, como  es el caso de la  Ciudad de la  Salud para  la que aprobaron una adenda  de 299 millones de  dólares  para su culminación  y  las violaciones a  la ley de  Contrataciones  Públicas.

En el ámbito  institucional, la  Fedap  sostiene  que  la actual constitución de  1972  y sus  posteriores reformas, no lograron los  cambios  estructurales  que la sociedad  panameña demanda, con el fin de garantizar  la plena  participación  decisoria de  los ciudadanos en todos los  asuntos  del  Estado.

“La Constituyente que el  pueblo soberano  exige  desde  un escenario de igualdad de  condiciones, es la  única  herramienta  posible para  la reconstrucción del Estado Nacional”, afirmó  Rebeca  Yanis  Orobio, presidenta de Fedap.

Por  su parte, Donaldo  Sousa, denunció  el despilfarro  del erario  que se produce  con los  actos de corrupción  de  políticos  y empresarios  por  medio de licitaciones  directas  o  abiertas señaladas  por la entidad  competente y el desgreño que se  produce con la  aprobación de  leyes anti populares  y arbitrarias, como  la  que pretendió  la Asamblea  Nacional de  Diputados  con la aprobación  en tercer debate del Presupuesto General del Estado.