Antai envía 51 expedientes al Ministerio Público

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) envió 51 expedientes al Ministerio Público para que investigue posibles delitos contra de la administración pública, contra el patrimonio económico, contra la fe pública (falsificación de documentos) y otros delitos en contra de la libertad sexual.

Las investigaciones datan de octubre de 2022 a la fecha y el rango de los funcionarios va desde directores regionales, jefes de departamento y otros servidores públicos de rangos medios hacia abajo, según información obtenida de la Antai.

Estas carpetas son producto de las denuncias que ha recibido la entidad por posibles irregularidades administrativas o faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. El procedimiento es acoger la denuncia e iniciar las investigaciones, y en caso de que se observe un presunto delito penal, remitir el expediente completo con las pruebas recabadas por esta autoridad al Ministerio Público, para que realice la investigación en la esfera penal.

Aunque Antai no logró avanzar el resultado de las diligencias que acompañan estos expedientes, manifestó a La Estrella de Panamá que son “producto de inspecciones oculares por parte de nuestro personal en el lugar de los hechos”. La Antai no ha puesto sanciones pecuniarias a los involucrados, pero sí recomendó la destitución de cuatro servidores públicos.

Publicaciones previas describen que entre las investigaciones efectuadas por la Antai aparecen irregularidades en datos de planilla, faltas al Código de Ética, como la vez que se observó en redes sociales el uso de un auto del Cuerpo de Bomberos para trasladar bebidas alcohólicas, supuesta venta de datos personales a financieras y bancos, otorgamiento de auxilios económicos realizados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). En este último punto la entidad destacó que el programa era insuficiente en cuanto a reglamentación para determinar quiénes aspiran a recibir el beneficio, a quiénes se les otorga y el monto que reciben los interesados.

Hasta la fecha el Ifarhu se ha negado a divulgar los nombres de los beneficiarios alegando que violaría la ley de Protección de Datos Personales. En repetidas ocasiones los nombres de quienes recibieron apoyo económico para estudiar en el extranjero han generado cuestionamientos de la opinión pública por su relación con figuras políticas y la sospecha de que haya existido tráfico de influencias.

La Antai no ha logrado que el Ifarhu proporcione los nombres; avanzaron en la solicitud de un informe de cumplimiento de ejecución. La ley le impide a la Antai llevar a cabo auditorías.