El contrato minero fue aprobado y sancionado

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el contrato de ley minero entre el Estado y Minera Panamá.

El pleno de la Asamblea Nacional, con 44 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 1100 que establece el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

La sesión del pleno comenzó aproximadamente a las 10:30 con la intervención de la diputada perredista Zulay Rodríguez y diputados de la bancada independiente; una hora después el contrato había sido aprobado, mediante una votación electrónica.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez manifestó que la Asamblea no está para comparar el contrato con el anterior, sino para asegurar un documento que garantice los mejores intereses para el país “y eso solamente se logra a través de cumplir nuestro mandato legal y constitucional de aprobar un contrato ajustado en derecho”.

Indicó que son innegables las difíciles condiciones laborales, económicas, sociales, ambientales que plantea la situación producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, “pero que alguien me diga que esta situación le da salvoconducto para violar la ley y la Constitución”.

Reiteró que este contrato no es conveniente y aclaró que Panamá no se debate en la minería, sino a favor o en contra de este contrato. Que no nos engañen.

Para la diputada Rodríguez el contrato ha estado “contaminado” desde el inicio. “Queremos nuestros recursos, que nosotros lo administremos porque si Omar Torrijos hubiera pensado como ustedes no tendríamos el Canal de Panamá”, señaló la diputada Rodríguez.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; y el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, asistieron al pleno para el tercer y último debate del proyecto de ley.

Alfaro reiteró las modificaciones al proyecto de ley que se hicieron como resultado de la consulta ciudadana que realizó la Asamblea, entre las que se encuentran la eliminación de la cláusula de expropiación y que la empresa solo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. Además, se eliminó la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo y lo relacionado con el contrato marco, es decir que solo el proyecto de ley solo aplica a la concesión de la empresa Minera Panamá.

Sobre los aspectos ambientales, Alfaro indicó que el contrato original ya contenía requisitos importantes como el plan de cierre y poscierre de la mina, un plan de reforestación, un pago por el uso del agua. Explicó que se modificó la cláusula 35 referente al uso del agua en base a las recomendaciones de la Autoridad del Canal de Panamá para asegurar que las operaciones de la vía interoceánica son prioritarias en cuanto al recurso hídrico.

“Lo que nos toca es asegurar que continuemos fortaleciendo tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Mici la facultad que tenemos de fiscalizar esas operaciones y que la empresa cumpla con lo establecido en el contrato”, señaló el ministro.

Desde tempranas horas de la mañana, trabajadores que integran el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) bloquearon distintos puntos de la ciudad capital como protesta contra el contrato minero.

A las manifestaciones se sumaron los universitarios que cerraron la Transístmica en horas del mediodía, mientras que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá suspendió las clases en el Campus Central.

El nuevo contrato surge como consecuencia de que el original, aprobado en 1997, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero no fue hasta diciembre de 2021 que el fallo se publicó en la Gaceta Oficial .

A raíz de la decisión de la Corte, el gobierno inició las negociaciones con Minera Panamá para un nuevo contrato, que fue presentado a la Asamblea Nacional y sometido a una consulta ciudadana, sin embargo, hay sectores que reclaman derogar totalmente el documento.

El contrato solo espera la firma del presidente Laurentino Cortizo para ser ley de la República.