Informe revela brechas críticas en derechos humanos en Panamá

La Defensoría del Pueblo de Panamá presentó este 4 de diciembre su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, revelando deficiencias críticas en servicios esenciales como salud, educación, acceso al agua potable y manejo de residuos.

Esas carencias, exacerbadas por una gestión pública insuficiente y la falta de recursos, impactan especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

“Panamá enfrenta desafíos importantes en la promoción y protección de los derechos humanos, pero también cuenta con oportunidades para construir un país más equitativo y justo. Este informe no es solo un diagnóstico, sino un llamado a transformar nuestras instituciones, fortalecer nuestro sistema democrático y garantizar que nadie quede atrás”, afirmó Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo, durante la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Panamá 2024.

El informe subraya que los niños, niñas y adolescentes (NNA) enfrentan desafíos persistentes como el acoso escolar y la desigualdad educativa, particularmente en zonas rurales y semiurbanas.

Además, el embarazo adolescente sigue siendo un problema grave, con más de 4,000 adolescentes entre 15 y 17 años que han sido madres, lo cual perpetúa los ciclos de pobreza, especialmente en comarcas, como Ngäbe-Buglé. Las niñas migrantes, por su parte, enfrentan riesgos elevados de violencia sexual.

El informe también aborda la violencia de género, destacando el aumento de femicidios y la insuficiencia de recursos para albergues de víctimas. “Es esencial fortalecer al Ministerio Público para garantizar investigaciones efectivas y dotar al Ministerio de la Mujer de políticas claras”, señaló Leblanc.

Además, planteó que se implementen programas que promuevan una masculinidad positiva, transformar las normas culturales desde la infancia, y aumentar el presupuesto para refugios, incluyendo la aplicación de brazaletes electrónicos para agresores.

El acceso al agua potable sigue siendo un desafío crítico, afectando tanto a comunidades rurales como urbanas debido a la falta de infraestructura adecuada. Esta situación deteriora las condiciones de vida, higiene y salud de la población. Además, la gestión ineficiente de vertederos genera contaminación del suelo, aire y agua, afectando gravemente la salud de las comunidades cercanas. El informe destaca la necesidad urgente de un plan nacional de reciclaje y tratamiento de residuos.

Las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras significativas. A pesar de los avances legislativos, la falta de accesibilidad en espacios públicos, la discriminación laboral y las deficiencias en la educación limitan su inclusión. Leblanc también señaló que los pueblos indígenas carecen de acceso a servicios básicos, especialmente atención médica. Propuso repensar las ayudas económicas, enfocándolas en programas de formación que fortalezcan la autogestión y reduzcan la dependencia estructural.

Las personas mayores enfrentan vulneraciones en áreas clave como la salud, la seguridad social y el acceso a viviendas dignas. Por otro lado, quienes viven con VIH continúan enfrentando discriminación, a pesar de la existencia de la Ley No. 40 de 2018. La limitada difusión y aplicación de esta legislación dificulta el acceso a servicios de salud adecuados.

El informe denuncia las condiciones precarias en el sistema penitenciario, marcado por el hacinamiento, infraestructura deficiente y acceso insuficiente a servicios básicos como agua potable y atención médica. Leblanc hizo un llamado a adoptar estándares internacionales, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad.

El defensor del pueblo instó a priorizar un enfoque integral en las políticas públicas, con los derechos humanos como eje central del desarrollo nacional. Esto implica fortalecer las instituciones responsables, fomentar la participación de la sociedad civil y aplicar efectivamente las recomendaciones internacionales, como las derivadas del Examen Periódico Universal de la ONU.

Leblanc también resaltó la urgencia de abordar las brechas en servicios esenciales, con énfasis en comunidades rurales y comarcales. Entre las prioridades mencionó la reforma del sistema de seguridad social, el combate a la violencia de género y la mejora de las condiciones en centros educativos.

Finalmente, el defensor enfatizó la importancia de que Panamá asuma un liderazgo regional en la protección de los derechos humanos. Esto incluye no solo fortalecer el marco normativo interno, sino también ratificar convenios internacionales clave, como la Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores.

“Invito al nuevo gobierno a utilizar este informe como una herramienta para construir políticas públicas inclusivas y sostenibles que garanticen la dignidad humana. Además, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que colabore con Panamá en la preparación y atención a los retos migratorios que se avecinan”, concluyó Leblanc.