¿Por qué cuando abrimos la pluma algunos tienen agua y otros no?

En los últimos años, las comunidades rurales de Panamá han experimentado un fuerte crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, enfrentan un desafío crítico: garantizar el acceso adecuado al agua potable, afectado por la competencia con la agricultura, el turismo y los proyectos de infraestructura. Esta situación requiere soluciones urgentes y efectivas que se encuentran limitadas por la preparación y capacidad de las comunidades y en la mayor parte de los casos de sus autoridades locales.

A pesar de que las comunidades rurales no están completamente fortalecidas para enfrentar este desafío socioambiental, no pueden ignorar que el acceso seguro y adecuado al agua es una necesidad urgente. En la mayoría de estas poblaciones no existe una entidad claramente responsable que garantice este acceso en cantidad y calidad. Por ello, optan por crear y operar las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), reconocidas legalmente por el Minsa. Sin embargo, estas agrupaciones carecen de fines lucrativos, acceso a facilidades bancarias y a menudo enfrentan limitaciones en sus capacidades para gestionar eficazmente los procesos de cobro además de la distribución y uso responsable del agua.

Esta gestión comunitaria local desempeña un papel crucial en la defensa de los intereses de las comunidades rurales y goza de un cierto prestigio entre sus líderes, quienes son respetados y consultados, tanto por los propios vecinos, como por las autoridades institucionales y gubernamentales. A pesar de esto, los resultados de esta gestión suelen estar limitados para resolver el problema fundamental: ¿por qué algunos hogares tienen agua cuando abren la pluma y otros no?

En muchas comunidades rurales de Panamá el acceso al agua proviene de infraestructuras básicas cerca de nacimientos de agua superficial o sistemas de pozo subterráneo. Estas iniciativas comunales, aunque respaldadas por normativas ambientales y de salud que priorizan el acceso al agua potable, enfrentan retos significativos en su cumplimiento, debido al escaso apoyo institucional y de las autoridades locales. Esto a menudo resulta en conflictos sociales que desgastan a las JAAR y que intensifican las dificultades comunitarias por el acceso al recurso hídrico, esto sin mencionar la frecuente incompatibilidad en el uso del suelo alrededor de las tomas de captación comunitarias.

En zonas de menor elevación sobre el nivel del mar, los sistemas de pozo subterráneo presentan desafíos adicionales, como su alta dependencia de energía eléctrica y la falta de automatización en el bombeo, pero a pesar de estas dificultades, los vecinos son capaces de gestionar el almacenamiento del agua a través de tanques de concreto o metal y sistemas de distribución mediante tuberías de PVC en diferentes diámetros, adaptándose o improvisando a medida que la demanda de agua aumenta con el crecimiento poblacional y otras actividades propias del desarrollo.

Esta infraestructura rudimentaria, en muchos casos, ha perdurado desde los inicios de las comunidades, destacándose por su capacidad para improvisar soluciones a lo largo del tiempo.

En Panamá, según informe del Minsa del año 2023 existen 3,519 JAAR, de las cuales cerca del 50% se ubican distribuidas en diferentes comunidades rurales de la zona denominada como Arco Seco de Panamá, con la existencia de 495 en la provincia de Coclé, 545 en la provincia de Veraguas, 528 entre las provincias de Los Santos y Herrera, 329 en la provincia de Panamá Oeste y el resto repartidas entre las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá, Colón, Darién y las Comarcas. (estas comunidades) dependen completamente de la gestión de (las JAAR) estas organizaciones para tener acceso al agua, cuando en cada casa o residencia se abre la pluma. Sin embargo, la mayoría de la población rural desconoce o no cuenta con la capacidad de identificar los problemas que persisten por el escaso acceso en cantidad y calidad al recurso hídrico, el cual ya es insuficiente en muchas comunidades.

El país está siendo afectado por la falta de planificación sostenible del territorio y según el historiador ambiental, Guillermo Castro, en Panamá “la necesidad de encontrar alternativas de desarrollo sostenible, que permitan estabilizar las relaciones de su población con su entorno natural y contener el deterioro en curso” es crucial para “crear las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas imprescindibles para revertirlo en el mediano y largo plazo”.