El reto del envejecimiento de la población y el subsidio a la vivienda en Panamá

La población panameña se encuentra en pleno proceso de envejecimiento. Se estima que en 2050 el 25 % de la población pertenecerá al grupo de personas adultas mayores. Para esa misma fecha, el promedio de edad de la población será de 39 años y habrá más personas mayores de 60 años que niños y adolescentes de 0 a 14 años (18.6 %), según datos del INEC.

El envejecimiento de la población será el proceso que definirá los principales problemas de la sociedad panameña, y que impactará no solo en el sistema de salud y seguridad social, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este contexto de envejecimiento de la población, el acceso a una vivienda digna, accesible y segura es un factor que contribuye directamente a mejorar las condiciones de salud física y mental de los adultos mayores, reduciendo costos sociales relacionados con hospitalizaciones recurrentes o atención institucionalizada.

Si tomamos solo en el caso de la ciudad de Panamá, según el INEC, para el 2023 la población mayor de 60 años corresponde a 193.305 personas, representando el 15 % de los habitantes. En términos absolutos, la periferia norte concentra la mayor cantidad de adultos mayores con 76.673 habitantes, seguida por la periferia este con 58.785, mientras es en el centro urbano donde los adultos mayores representan una mayor proporción, alcanzando un 18 %.

En lo que respecta específicamente a la tenencia de la vivienda, estos mismos datos del Censo 2023 destacan la relevancia demográfica que han alcanzado las personas mayores de 60 años como responsables de las viviendas en la ciudad de Panamá. Así tenemos que, en el distrito de Panamá, uno de cada cuatro hogares (25 %), -es decir, 85.681 viviendas del total de 342.597-, tienen como jefe de la vivienda a adultos mayores.

En el distrito de San Miguelito, la cifra es aún más significativa, ya que el 36 % de sus viviendas (30.779 de 84.694) son encabezadas por personas mayores de 60 años. Considerando ambos distritos juntos, el panorama es especialmente llamativo: 116.460 viviendas, -equivalentes al 27.6 % del total de la ciudad-, están bajo la dirección de adultos mayores.

Un foco de vulnerabilidad dentro de este grupo demográfico de jefes de vivienda con más de 60 años en la ciudad de Panamá se encuentra en aquellos que reportaron encontrarse en viviendas alquiladas (11.2%), en sucesión o litigio (32.6 %) e invadidas (10.4 %), lo que totaliza un total de 9.5% (11.086 viviendas).

Una población que envejece requiere viviendas adaptadas a necesidades específicas como accesibilidad universal, cercanía a servicios básicos de salud, transporte, ocio y seguridad. Considerar el subsidio a la vivienda desde una perspectiva del envejecimiento implica desarrollar políticas públicas proactivas que garanticen a las personas mayores la posibilidad real de permanecer integradas en la ciudad, evitando exclusión y aislamiento.

Adaptar la vivienda y la ciudad al envejecimiento poblacional

Una cuestión que hemos reiterado en diversos artículos sobre este tema es la necesidad de focalizar el subsidio del interés preferencial a especificaciones que aborden cuestiones fundamentales de la política pública de vivienda. Si bien en otras ocasiones hemos reiterado la necesidad de que este subsidio aborde la cuestión de financiar vivienda ya usada, además de fortalecer la recuperación del centro urbano, en este artículo queremos plantear algunas ideas sobre cómo el subsidio a la vivienda puede servir de herramienta para atender los problemas que la ciudad enfrentará con el envejecimiento de la población. El reporte “Viviendas para personas mayores en Europa: nuevas tendencias para el siglo XXI” (2018), publicado por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, nos sirve de referencia ya que compila una serie de ideas y modelos sobre el tema.

Un vacío fundamental en normas panameñas como la Ley de Interés Preferencial es que no incorpora principios sobre cómo debe ser esa vivienda que el Estado está subsidiando. UN Habitat, en su publicación de 2009 “The Right to Adequate Housing”, lista una serie de principios que debe cumplir la vivienda adecuada, entre los que se encuentran garantizar seguridad jurídica, acceso constante a servicios básicos, habitabilidad confortable y costos razonables que no afecten otros derechos fundamentales. También debe estar ubicada estratégicamente, cerca de servicios esenciales y lejos de riesgos ambientales, respetando la diversidad cultural de sus residentes.

Existen también modelos como el “Lifetime Homes”, desarrollado en EL Reino Unido en 2008, que están específicamente orientados para la construcción o remodelación de viviendas destinadas a personas mayores, que indican que estas deben diseñarse bajo principios de accesibilidad, adaptabilidad e inclusividad, eliminando barreras arquitectónicas. Además, deben ser sostenibles en el tiempo, fáciles de adaptar según cambien las necesidades de los ocupantes, y ofrecer un buen equilibrio entre calidad y costo.

En Europa, por ejemplo, empiezan a tomar auge las viviendas de cohousing senior que se basan en cooperativas colaborativas sin ánimo de lucro, especialmente concebidas y administradas por los propios adultos mayores. Además de las viviendas privadas, estas comunidades cuentan con áreas comunes como bibliotecas, huertos y espacios de convivencia social, destinadas a promover la interacción entre residentes.

También se encuentran las “viviendas intergeneracionales”, donde jóvenes y mayores conviven en comunidades residenciales compartidas, lo que genera apoyo cotidiano y recupera tradiciones históricas como la convivencia vecinal. Otro modelo son las residencias pequeñas con áreas de convivencia, en las que grupos reducidos de personas mayores viven juntas en espacios diseñados para parecerse a un hogar familiar, facilitando la autonomía y una convivencia más personalizada y humana.

Dos aspectos que es necesario impulsar en el desarrollo de estos nuevos modelos de vivienda para adultos mayores son, a) la urgencia de implementar políticas públicas y normativas específicas que faciliten tanto la adaptación funcional del actual parqué de viviendas, así como la correcta planificación de las viviendas nuevas destinadas al envejecimiento poblacional; y b) fortalecer la construcción de comunidades de vecinos como clave para mejorar la calidad de vida, proponiendo una transformación hacia un modelo comunitario basado en la solidaridad, el apoyo mutuo y la valoración de lo común.

Estamos a tiempo aún de utilizar los recursos e instrumentos existentes para construir unas ciudades, que en los próximos 20 años logren abordar de forma exitosa el reto de una población que envejece con menos recursos. El Estado a través de instrumentos como la Ley de interés preferencial, y de fondos como los que se encuentran en la Caja de Seguro Social, podría financiar proyectos que puedan plantear modelos innovadores para la construcción de viviendas que atiendan las necesidades de grupos específicos de población.

Estos proyectos podrían localizarse en áreas de valor estratégico como el entorno de las estaciones de metro, el centro urbano de la ciudad o en barrios que han ganado nueva centralidad con la expansión de la ciudad. Esta sería también una forma de compensar las incertidumbres de un sistema de seguridad social cada vez menos solidario.