Declaran legal aprehensión de bienes en operación Jericó; defensores apelan

La Fiscalía Primera Superior de Drogas logró concretar un golpe financiero, al menos provisional, a la estructura económica de la operación Jericó mediante la aprehensión provisional de varios bienes vinculados a la investigación. Entre estos, seis cuentas bancarias, siete autos, una propiedad y cuatro decomisos de dinero en efectivo, todos relacionados con las personas que había imputado previamente por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Entre estos, se mencionaron los siguientes: dos cuentas bancarias a nombre de la empresa Servicios Múltiples Rama que la fiscalía vincula directamente con Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, y cuyo representante legal es Omar Ortega, una por $207.662 y la segunda por $42 mil. El juez también declaró legal la aprehensión del auto de Pineda, un Toyota Prado del 2022, que su cónyuge reclamaba como custodia, pero el juez no concedió la medida.

Los defensores de la sociedad anónima reclamaron al juez de garantías que el fiscal había violentado el debido proceso en el caso particular de las cuentas de Servicios Múltiples Rama, ya que observaron que se habían incautado los bienes sin antes haber imputado a la sociedad anónima. Sin embargo, para el juez eso no fue un impedimento. Argumentó que cuando se sospecha que los bienes guardan relación con hechos ilícitos se han efectuado estas aprehensiones y favoreció la petición del fiscal.

Durante la sesión también se declaró legal la detención de dos cuentas bancarias de la empresa dedicada a servicios del espectáculo Vissionary Concept, en las que Ortega también forma parte como representante legal. En este sentido, el fiscal mencionó dos sumas, una por $138.527 alojada en el banco Mercantil, y otra más por $360,418 (al corte de 2023) que mantenía en Capital Bank, banco que posteriormente fue absorbido por el primero. Al respecto, Elkis Martínez, abogada de Ortega, explicó al juez que ambos saldos proporcionados por los distintos bancos a la fiscalía aparentan ser dos cuentas distintas, cuando en realidad es la misma y cuyo saldo actual es de $6.995,20.

Por otra parte, el juez declaró legal la incautación de una cuenta bancaria a nombre de Grupo Mimado por $2.829 que solicitó luego de que el nombre del negocio se escuchara en una de las interceptaciones telefónicas efectuadas a Abraham Rico Pineda.

Además de lo anterior, el juez concedió a la fiscalía la aprehensión de un Mercedes Benz del año 2016 a nombre de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, de Transporte Sánchez Cano; un Honda CRV de 2009 y Ford Edge pertenecientes a Gregorio Miller. También de un Mazda CX5 del 2014 y un Honda Ridgeline del 2017 a nombre de Anyuris Villarreal, persona que la fiscalía vincula al taller donde se hacían las supuestas modificaciones de doble fondo a los autos para el transporte de la droga. Villarreal recientemente logró una medida cautelar distinta a la detención preventiva, y en la audiencia su defensa solicitó al juez entregar la custodia del vehículo a su hijo mayor de edad, como tercer afectado, pero el juez negó la solicitud porque no forma parte del proceso. Entre otros autos también se legalizó la aprehensión de un Kía Sportage del 2016 a nombre de Neriyet Jaén, de la compañía Bizcochito.

No obstante, la fiscalía no solicitó la suspensión del aviso temporal o la aprehensión del taller donde supuestamente se hacía el doble fondo a los autos. Entre los bienes aprehendidos está el departamento PH Green Garden de Jorge Sánchez y tres decomisos en efectivo que no totalizaron los dos mil dólares.

La audiencia se realizó este martes en el Sistema Penal Acusatorio frente a un juez de Garantías, quien accedió a la petición del fiscal Joseph Díaz, que logró que el juez de garantías declarara legales las resoluciones del 14 y 15 del pasado mes de agosto mediante las cuales el Ministerio Público logró control de estos bienes para continuar con la investigación que, de acuerdo a la teoría de la fiscalía, eran parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas procedentes de Colombia y que después se transportaba vía terrestre en autos con doble fondo a la frontera con Costa Rica.

El desarrollo de la audiencia fue seguido de manera virtual por siete imputados, cinco varones desde el sistema penitenciario, y dos mujeres que cumplen depósito domiciliario.

Los abogados defensores Holanda Polo, Javier Franco, Adrián Calderón y Elkis Martínez, anunciaron apelación a la decisión del juez Zúñiga Rodríguez, petición que fue acogida y se fijó para el próximo 30 de septiembre, en la sala 5 a las 8:30 de la mañana, para que la misma se analizada por el Tribunal Superior de Apelaciones ubicado en Plaza Fortuna.