Un problema de intereses

La podredumbre de los albergues en Panamá, donde se han denunciado no solo maltratos físicos y sicológicos a niños y niñas, sino violaciones sexuales, es un tema de varios años. Si bien hay quienes exigen responsabilidad a los actuales regentes, la realidad es que hay que investigar desde antes. Hay denuncias serias por la exdirectora de la Senniaf Idalia Martínez, quien dijo que puso en conocimiento de estas irregularidades a la entonces procuradora Kenia Porcell. Todo esto también lo conocía la junta directiva de la Senniaf, que entonces presidía el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, hoy diputado de la República. Y esto da para más. ¿Cómo es posible que quien asesoró a la directora de la Senniaf durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, luego de la salida de Martínez, Mayra Inés Silvera, sea hoy la directora de la institución y pretenda ser querellante? Lo menos que debe hacer Silvera es separarse del cargo, para que se realicen investigaciones sin entorpecimientos. Pero en medio de este escándalo, algunas preguntas resuenan en la sociedad. ¿Por qué hay tantos albergues? ¿Por qué es tan difícil adoptar en Panamá? Las denuncias de la exdirectora Martínez hay que profundizarlas, porque en una entrevista dijo, palabras, palabras menos, que en la propia ley de la Senniaf se ocultan intereses “revestidos de legalidad”. El Ministerio Público tiene que llegar al fondo de este grave problema, porque aquí la consigna es caiga, quien caiga. ¡Así de simple!