La reciente investigación de La Decana, publicada ayer, da cuenta de los sobrecostos que hubo que pagar a empresas que debían reparar o construir escuelas en los períodos presidenciales de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Lo analizado en la nota nos deja una sensación de impotencia cuando leemos las irregularidades que se cometieron, el dinero malgastado o quizás robado, y los entresijos de una práctica cada vez más generalizada en diferentes instituciones del gobierno. Ello nos lleva a preguntarnos ¿qué sucede en nuestro país? Por qué cada vez que comienza un nuevo gobierno se descubren malas prácticas del gobierno anterior, se anuncian sin dar nombres de responsables, se promete que les caerá todo el peso de la ley y que se recuperará lo robado para devolverlo a las arcas del Estado, de forma que sean fondos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los panameños. Y, al final, no pasa nada... salvo contadas excepciones. Peor aún, los mismos que incurrieron en esas malas prácticas son premiados con nuevos contratos y resulta que hasta son amigos de los funcionarios de turno. Y el panameño común se pregunta ¿cuándo cambiará esto? ¿Cuándo tendremos un país donde los recursos estatales se usen para educación, salud, vivienda e infraestructura? ¿Quién será el héroe que lleve a cabo esta, hasta ahora, difícil tarea? Cada nuevo gobierno despierta en la población expectativas positivas que con el tiempo van disminuyendo hasta llegar al desencanto. Ojalá todavía estemos a tiempo de no desencantarnos.

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