Panamá afina estrategia en su lucha contra la pesca ilegal y conseguir la tarjeta verde

A mediados del año 2025, Panamá debe demostrar su compromiso de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ante la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, confirmó la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, tras una visita al Centro de Seguimiento Pesquero de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

En la visita de cortesía, Matusz pudo conocer los esfuerzos del país para combatir la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada (pesca INDNR) con la finalidad de obtener la tarjeta verde en lugar de la amarilla que posee hoy.

Sin embrago, si Panamá no supera la auditoría y obtiene la tarjeta roja, al país podrían restringirle las exportaciones de pesquerías al bloque de 27 países, las embarcaciones con pabellón nacional no podrán desembarcar ni hacer transbordos, lo que en conjunto podría representar en pérdidas más de $181,1 millones para el país.

La auditoría inicial estaba programada para noviembre de 2024, pero como hubo cambio de administración en julio, las nuevas autoridades solicitaron una prórroga, la cual fue aprobada para abril de 2025, pero que mediante un trabajo de negociación, Panamá logró que la DG Mare estableciera como última fecha tentativa de la auditoría a mediados del año.

En la visita de la diplomática europea, Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, le mostró el centro donde se desarrolla el monitoreo satelital a las embarcaciones de pabellón nacional que pescan en aguas internacionales, con el cual se establecen rigurosos controles contra la pesca INDNR, y que labora las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7).

Carrasquilla espera que Panamá ya tenga un certeza del resultado para el segundo semestre del año, es decir, entre julio y agosto próximos.

Desde el 15 de octubre de 2024, Panamá viene ejecutando varias de las recomendaciones de la DG Mare, entre ellas, la implementación de la figura del observador a bordo, donde una persona es la encargada de verificar y documentar que las faenas se realizan en zonas permitidas, que sean las especies aprobadas, dándole una mayor certeza a la trazabilidad del recurso sobre los transbordos, carga y descarga.

La ARAP también disminuyó y optimizó la lista de puertos autorizados para operaciones marítimas pasando de 290 a 92 puertos, debido a que en estos puntos de entrada y salida del recurso pesquero, Panamá no podía garantizaba al 100 % el control.

Carrasquilla explicó a Matusz sobre la ARAP Móvil, una aplicación de smartphone para hacer denuncias de pesca ilegal, la cual mediante denuncias coordina la ubicación de la nave en faena u otros puntos.

Agregó el alto funcionario de la ARAP que contempla otros proyectos, como el sistema de trazabilidad pesquera, y para ello se contará con un software que controle todas las operaciones de las flotas nacionales.

Carrasquilla en reiteradas ocasiones ha manifestado que Panamá quiere ser considerado como país cooperante en la lucha contra este flagelo.

Una prueba de compromiso del país ocurrió un día después de la visita de Matusz a las instalaciones de la ARAP, debido a que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) recibió una denuncia ciudadana sobre la presencia de un barco pesquero que operaba ilegalmente en un área protegida de la bahía Piña, provincia de Darién. Se trató de la unidad denominada “Ana de Jesús”, de bandera panameña, que estaba a unas 10 millas de la costa y en una zona restringida para la pesca a gran escala.

Tras la inspección de la embarcación y en coordinación con la ARAP, las entidades determinaron que la nave transportaba un total de 1.672 libras de productos del mar, distribuidos de la siguiente manera: 755 libras de pez ajillo, 647 libras de pez dorado, 70 libras de pez perro, 70 libras de pez cherna negra, 55 libras de pez cherna roja, 35 libras de pargo amarillo, 25 libras de corvina lona y, finalmente, 15 libras de filete de pez vela.

El decomiso del recurso ocurrió en el marco de operación Tapir. La embarcación continuó su tránsito con normalidad. No obstante, el capitán de la nave fue citado para comparecer ante la ARAP para los trámites administrativos correspondientes.