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Entre julio y agosto de 2025, Panamá aspira a obtener la tarjeta verde de la Unión Europea (UE), siendo su última oportunidad para lograrlo, ya que de recibir la tarjeta roja se restringiría la exportación de las pesquerías panameñas, así como los embarques, desembarques y transbordos de los más de 190 buques con pabellón nacional, lo que en conjunto podría representar en pérdidas más de $181,1 millones.
La auditoría de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea estaba programada para noviembre de 2024, pero con el cambio de gobierno, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) solicitó una prórroga para adecuar las recomendaciones en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
En 2024, Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, comentó que la extensión y auditoría había sido programada para abril, pero que vienen trabajando en rondas de negociación con la UE. La auditoría final no debería ser más allá de agosto próximo.
“En febrero tenemos la segunda reunión y planificamos tener una en mayo o principios de junio; luego de que terminamos esas dos rondas de negociaciones se debería producir la auditoría física que estimamos para finales de julio-agosto, donde tendríamos la evaluación final de nuestro país”, dijo Carrasquilla a La Estrella de Panamá.
El alto funcionario espera lograr la tarjeta verde, lo que permitirá a Panamá salir de la situación en este año.
La DG MARE viene evaluando al país desde 2010, cuando le entregó la primera tarjeta amarilla, ingresando el país a una lista de la cual salió en 2013; posteriormente, en 2019, recibió otra tarjeta amarilla.
Las adecuaciones de la DG MARE deberían estar implementadas o en proceso de hacerlo a más tardar, en junio.
“Nosotros estamos siendo cuestionados por la UE porque no tenemos control de la pesca ilegal y por eso estamos en una lista, donde Panamá es señalado como un país que no cumple con el combate a la pesca ilegal. Entonces, tenemos que dar el ejemplo en nuestro país, en nuestras aguas, y nuestros pescadores nos tienen que ayudar a dar el ejemplo y evitar este tipo de conducta, para que no seamos perjudicados”.
Y agregó: “Este no es un problema local de Panamá ni del Mercado de Mariscos, no, esto es un problema internacional, pero nosotros esperamos salir de esto este año”.
Para tratar de lograr la tarjeta verde, la ARAP solicitó al Ejecutivo un presupuesto de $4,0 millones, siendo uno de esos proyectos ARAP Móvil, una aplicación de smartphone lanzada este jueves 23 de enero, para reforzar la lucha contra la pesca INDNR, ya que permite a los usuarios denunciar la pesca ilegal o actividades que amenacen los recurso marinos del país con georreferencia satelital y en tiempo real.
Entre las denuncias en la ARAP están pescar en área protegida, uso de artes prohibidos, pesca de especies protegidas, con explosivos, sustancias tóxicas, entre otras.
Carrasquilla explicó que la plataforma está diseñada para que sea de fácil uso, permitiendo a los usuarios denunciar algún tipo de situación de pesca ilegal, de trasiego de productos de dudosa procedencia, tanto en el mar como en puertos, o de ser en tierra, con acceso de línea directa.
Para ello, el denunciante solo debe tomar una foto, escribir algún tipo de detalle de lo que observa y el propio sistema recogerá por satélite las coordenadas donde se está produciendo el evento, “para que inmediatamente las autoridades activemos nuestros mecanismos, ya sea en el mar junto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y si es en tierra con el Ministerio de Ambiente”.
La idea de tener el app de denuncias es focalizar en un solo lugar las actividades sospechosas, ya que la gente lo hace por diversos canales, quedando dispersas, como redes sociales o en los medios de comunicación. Son 25 conductas que los usuarios pueden denunciar, entre ellas, también un botón de pánico para que los pescadores alerten al Senan de que están siendo violentados o son víctimas de robo en alta mar.
“En el último trimestre de 2024, la Aeronaval atendió de dos a tres robos de motor de lancha en alta mar, así como de recursos pescados”, precisó el titular de la ARAP.