La ARAP logra $4.0 millones para cumplir con la UE y obtener la tarjeta verde

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) logró que el Consejo de Gabinete le aprobara un poco más de $4.0 millones, para adecuar e implementar los aspectos que se requieren antes de la auditoría que realizará la DG-MARE de la Unión Europea, durante el segundo trimestre de 2025.

En estos momentos, el país cuenta con una tarjeta amarilla y, de no adecuar las recomendaciones, perderá su última oportunidad para recibir la tarjeta verde y evitar que el grupo de 27 países bloquee la entrada de las exportaciones de los recursos pesqueros panameños.

Eduardo Carrasquilla, administrador de la ARAP, indicó que los $4.0 millones serán invertidos en cuatro ejes, ya que son aspectos que implican fondos y que requieren de licitaciones, inversiones y contrataciones.

El primero, con un precio de referencia cercano al millón de dólares, la ARAP busca implementar una solución web denominada “sistema integral de trazabilidad de productos pesqueros”, que implica la automatización del registro desde el zarpe de la nave, el control de la descarga, la entrada a la planta procesadora y cierra con la salida o exportación de producto.

“Es un control riguroso y automático el que implementaremos, y abarca a toda la cadena de procesos de la pesca industrial, la artesanal y flota semiindustrial nacional, las plantas procesadoras, garantizando la emisión de un certificado de captura, que es el documento fundamental que acredita la legalidad de la pesca del recurso en aguas panameñas y que se exporta a Europa y al resto del mundo”, comentó Carrasquilla.

El segundo aspecto es establecer un Centro de Monitoreo de la flota nacional, que hoy se hace de forma minúscula en la regional de Vacamonte, en Panamá Oeste, de la mano de dos funcionarios, en horario de medio tiempo, que vigilan el proceso de unas 350 naves de mediana y gran escala. Para este aspecto estiman invertir unos $700 mil.

La tercera actividad es para subsanar la debilidad de la institución en sus 18 años de existencia, ya que no cuenta con presencia en las aguas nacionales para fiscalizar la actividad pesquera en sus aguas. Para ello, invertirán $1,8 millones para establecer una patrulla marina costera, donde a través de un convenio con el Senan (Servicio Nacional Aeronaval), patrullarán las aguas con la adquisición de seis naves, de 35 pies de eslora y dos motores de 400 caballos, y la contratación de 18 a 20 nuevos inspectores, incluidos los operadores de las naves.

La idea, dijo Carrasquilla, es fiscalizar junto con el Senan que no haya pesca ilegal, que las faenas se desarrollen en sitios permitidos y se cumpla con los artes de pesca correctos, y que las embarcaciones tengan las licencias correctas para las capturas.

Y, finalmente, para el cuarto aspecto, con una inversión de $500.000, la ARAP espera incorporar a 38 nuevos inspectores, para ubicarlos en las plantas procesadoras y de exportación de estos productos.

“Es muy importante que tengamos presencia física en el procesamiento y exportación del recurso, ya que esto nos va a garantizar un control de todas las entradas y de todas las salidas y que debería coincidir con la trazabilidad”, detalló Carrasquilla a este medio.

En 2010, el país fue advertido con una tarjeta amarilla, de la cual Panamá salió en 2013; posteriormente, el 16 de diciembre de 2019, la DG-MARE emitió otra tarjeta amarilla contra Panamá, cuyas adecuaciones finales deberían estar antes de la evaluación que harán en el segundo trimestre de 2025, cuando Panamá ya debería estar implementándolas o estar en proceso de hacerlo a más tardar, en junio.