Panamá, a pasos de la tarjeta roja de la UE; ARAP, sin los recursos para invertir en 2025

A Panamá se le agota el tiempo para que la Unión Europea (UE) no bloquee la entrada de las exportaciones de los recursos pesqueros ni a la flota mercante de pesca con el pabellón nacional. La razón: la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), no cuenta con los $3.5 millones que requiere invertir para cumplir con las recomendaciones de la DG-MARE.

La auditoría programada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE) de la Comisión Europea para noviembre próximo —la última antes del bloqueo— fue reprogramada para el segundo trimestre de 2025, en consideración al cambio administrativo en la ARAP.

La DG-MARE de la Comisión Europea fiscaliza el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada para la gestión y la política pesquera común, con el fin de promover el desarrollo sostenible de las actividades marítimas, así a la explotación sostenible de los recursos pesqueros dentro y fuera de aguas comunitarias de los 27 Estados miembros de la UE.

Las pesquerías que Panamá manda a Europa, principalmente son atún (90%), camarones y langostinos. La exportación de mariscos es el segundo rubro alimenticio con mayores envíos al bloque después del banano, según datos de la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Eduardo Carrasquilla, administrador de la ARAP, explicó que ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitaron para 2025, un total de $19 millones, pero el recomendado quedó en $15.5 millones, y tras establecerse la austeridad, solo quedaron los $11.8 millones para funcionamiento, sin nada para invertir.

Los $3.5 millones que requiere la ARAP servirían para cumplir con tres de las cinco recomendaciones que validará la DG-MARE, entre abril, mayo y junio del próximo año, debido a que el país es vulnerable o débil en cinco ejes temáticos, que son: marco legal, control de la flota nacional e internacional, trazabilidad, cumplimiento de las sanciones y control en las plantas procesadoras.

Sin el presupuesto de inversión de los cinco ejes, dos no se podrían cumplir antes de la revisión de la Comisión Europea ni otro de compra de naves para patrullaje marino costero, como la compra del software, la contratación del personal (unos 40 inspectores de tiempo completo en las platas procesadoras) y la compra de seis naves para patrullar las 200 millas de aguas nacionales, enumeró el titular de la ARAP.

“El espíritu del presupuesto 2025 conlleva una austeridad extrema, y lamentablemente no se le concedió ni un dólar siquiera a la ARAP en su proyecto de inversión que contemplaba cumplir con los requerimientos de la Unión Europea”.

Y, agregó que “ahora que vamos a la Asamblea Nacional trataremos de ver cómo reincorporar la tarjeta verde, si no lo hacemos, definitivamente, iríamos hacia atrás y probablemente seremos castigados con una tarjeta roja”.

“Nos estamos imposibilitado con está realidad hoy. Estamos preparando una solicitud por escrito al Ministerio de Economía, diciéndole que están dejando a la ARAP sin capacidad alguna de enfrentar esta realidad con la Unión Europea, porque todos los recursos que requeríamos estaban en el presupuesto de inversiones, y que entendíamos, nos iban aprobar porque nos pidieron poner estrictamente lo prioritario de Unión Europea, lo pusimos y después nos reformularon con cero dólares en inversiones”.

En Panamá, el tema de seguimiento e implementación de las recomendaciones de la DG-MARE para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la abordan nueve entidades en una Comisión interinstitucional, integrada por ARAP, —como rectora en la aplicación de leyes y políticas nacionales de pesca y acuicultura—, las autoridades de Marítima y Aduanas; los ministerios de Desarrollo Agropecuario, de Seguridad, de Ambiente, de Comercio e Industrias, de Relaciones Exteriores y de Salud.

La primera reunión de la Comisión interinstitucional se celebrará en la tercera semana de octubre. “Allí (la semana en curso) debemos iniciar con cada una de las tareas específicas y de cumplimiento, y en el caso de la ARAP ya adelantamos, la primera reunión virtual con la DG-MARE, donde identificamos los cinco ejes temáticos importantes por atender”, dijo Carrasquilla.

El tema es de vieja data y aunque se asemeje a un semáforo por los colores es parecido a las listas negras o discriminatorias, ya que las tarjetas de color rojo, amarillo y verde son para clasificar a los países y territorios que cooperan en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En 2010, el país fue advertido con una tarjeta amarilla, de la cual Panamá salió en el 2013; posteriormente, el 16 de diciembre de 2019, la DG-MARE emitió otra tarjeta amarilla contra Panamá y cuyas adecuaciones finales deberían estar antes de la evaluación que harán entre abril, mayo y junio del próximo año.

El Reglamento INDNR entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima con la UE, y su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturada ilegalmente acabe en el mercado de la UE.

El Reglamento INDNR complementa el Plan de acción internacional, recomendado por la FAO en 2001, que contempla el objetivo de desarrollo sostenible 14.4 de la ONU para poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a más tardar en 2020.

Mientras tanto, Panamá como socio comercial de la UE, durante varias administraciones viene realizando adecuaciones para cumplir con la sugerencias.

La DG-MARE identificó que Panamá mantenía debilidades en su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ajustes que deben estar listos y operando antes de que culmine el primer trimestre de 2025.

1.) Marco legal: Panamá debe establecer a través de resoluciones administrativas de la ARAP reglamentos para el trasbordo de mercancía, de zarpe de embarcaciones y de procedimientos inherentes a la carga y descarga en puertos. “Esos reglamentos están siendo perfeccionados y estarán debidamente constituidos en el primer trimestre del próximo año”, señaló Carrasquilla.

2.) Control de la flota nacional e internacional: En marzo, el país debe contar con una nueva lista de puertos autorizados para desembarque en el mundo. “En estos momentos tenemos 300 puertos autorizados en el planeta, y estamos revisando y validando qué puertos son necesarios para que nuestra flota realice operaciones”, dijo.

En un primer análisis, explicó que la ARAP ha determinado la necesidad de unos 100 puertos autorizados, permitiéndole optimizar los controles e intercambio de información entre las autoridades rectoras de puertos y de pesca, así como un mayor control y seguimiento de la operación de carga descarga y transbordo. “Nos comprometimos a tener la nueva lista a más tardar en marzo del próximo, pero requerimos reuniones con los representantes de la flota, los abogados y agentes residentes de todas estas embarcaciones, son unas 190 naves de pesca que están en el registro pesquero de bandera panameña a nivel internacional”, apuntó el alto funcionario.

3.) Trazabilidad: Es uno de los elementos fundamentales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que promueve la DG-MARE, y Panamá quiere garantizar que ese producto del mar cumpla con todas las normativas existentes. Por ejemplo: capturado en zonas permitidas de pesca, licencias vigentes y artes de pesca correctos, entre otros. Para ello, el 25 de marzo harán una licitación para contratar el software, para que opere a los 60 días, es decir, mayo del próximo año, y dentro del periodo de la auditoría.

“En estos momentos, nos encontramos terminando los términos de referencia y las especificaciones técnicas. El dispositivo contará con página web y tendrá un app de celular. Garantizando la trazabilidad del producto que sale del puerto a la planta procesadora, que es el otro punto de la trazabilidad”, señaló.

Con el software los usuarios reportarán sus bitácoras de pesca a la autoridad en línea, para validar las faenas de pesca. “Es tiempo de cambiar. Eso no se puede llevar de forma manual sino a través de un sistema que permita que el usuario interactúe con la autoridad”, manifestó.

4.) Ejecución y cobro de sanciones: En noviembre próximo, la ARAP tiene previsto que entre en funcionamiento la oficina del juez ejecutor, que se encargará de cobrar las sanciones, un punto que preocupa a la DG-MARE.

En ese sentido, indicó que la ARAP nombró al juez y a la secretaria judicial, quienes honrarán el cobro, la ejecución de secuestros de cuentas bancarias, de bienes y todo lo que sea material o bienes.

Hasta el momento, las sanciones emitidas por la ARAP ascienden a un poco más de $2.8 millones, que no han sido cobrados efectivamente a través de la jurisdicción coactiva,

Tras darse un incumplimiento, la flota nacional está expuesta a multas que oscilan de $5.000 hasta $30.000; y las multas de la flota internacional, van desde $300.000 hasta $1.000.000 (un millón de dólares), montos establecidos en la Ley 204 del 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo 13 del 1 de noviembre 2023.

5.) Control en las plantas: Para contrarrestar este punto, la ARAP tiene en su plan contratar a 40 inspectores de tiempo completo, para cubrir las 38 plantas procesadoras de productos pesqueros para la exportación que operan en el territorio nacional.

“En estos agentes económicos requerimos maximizar los controles, que abarcan desde el sistema de trazabilidad y otros controles, ya que se deben declarar las entradas de productos, que después son validadas con las descargas del pescador. Primero se produce la descarga de la pesca, y luego se produce la entrada del recurso a la planta. Todo esto va a estar debidamente declarado en un sistema unificado”, puntualizó el máximo representante de la ARAP.