Por distintos motivos, la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social no ha calado como se esperaba en los diferentes sectores de la sociedad. Como es bien conocido, este gobierno le ha apostado a terminar la crisis de la CSS, tanto en el sistema de pensiones como en el de salud, a diferencia de sus inmediatos antecesores que han preferido transitar el camino de la indiferencia ante este problema. Sin embargo, el panorama se complica y no se augura un buen final si intervienen intereses ajenos y si el tinte político - quizá con una pizca de extorsión- cobra fuerza. La propuesta presentada por la bancada de diputados del oficialista partido Realizando Metas, liderado por el expresidente Ricardo Martinelli y la bancada mixta (Partido Popular-Alianza y Molirena), para implementar un gravamen a los préstamos y depósitos interbancarios como una alternativa para garantizar la sostenibilidad financiera de la CSS, ha dejado al descubierto las fricciones existentes entre el líder del partido oficialista y su bancada con el gobierno del presidente, José Raúl Mulino. El país necesita una gestión eficiente y un norte claro que garantice un avance sin tumbos y sostenible. Es mucho lo que está en juego, y el gobierno, tal como dice su eslogan, “con paso firme” debe velar por lo que le conviene a su gente. Que prevalezca el debate genuino en la Asamblea en pro de los panameños y que no imperen las negociaciones a puertas cerradas, en las que siempre salen favorecidos los de cuello blanco. Hay que decirlo con franqueza, el Ejecutivo, está llevando a cabo su apuesta, arriesgada, podríamos decir, que tendrá grandes complejidades; por ello es necesario neutralizar a quien o quienes - desde su supuesto poder- la quieran empañar

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