A pesar de los cambios importantes que ha hecho Panamá en su legislación penal, fiscal y bancaria, para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y así salir de las listas discriminatorias, el 2 de diciembre, la edición 13ª del Índice de Antilavado de Dinero de Basilea (AML), situó al país en la quinta posición de la zona de riesgo para el lavado de dinero en América Latina y el Caribe y en la 47 del mundo, a la par de países como Ruanda y Arabia Saudita. Con esta nueva evaluación, Basilea desmejoró la posición de Panamá con respecto a la anterior, sin embargo, destacó que el país fue eliminado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El gobierno de Panamá reaccionó y a través de la Cancillería calificó la puntuación de “inexplicable” y de que “no compagina con las realidades y los esfuerzos del país”. Y es que el GAFI, en octubre de 2023, al excluir a Panamá de su listado, reconoció que el país fortaleció la efectividad de su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). Si Panamá ya ha demostrado con hechos que ha fortalecido sus normativas y que está cumpliendo con los estándares internacionales es injusto que siga siendo señalado de manera negativa en listados como el de Basilea o como el de la OCDE, porque esto afecta la reputación internacional y la economía del país. Ya es hora de que se corten de raíz estos señalamientos negativos y que una vez por todas se limpie nuestra imagen. Es necesario que se haga sentir en la reunión del Mercosur el potencial que tiene Panamá para las inversiones y el comercio mundial y que se vuelva a reiterar al mundo que no somos un paraíso fiscal ni un centro de lavado de dinero.

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