Magistrada López Arias cuestiona al TE y a la Asamblea por decisiones que generaron demandas

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, salió a hablar de las polémicas demandas de inconstitucionalidad, del caso Odebrecht y del incremento salarial que se aprobó a los magistrados de la CSJ.

En una entrevista, por separado, a los medios televisivos Medcom y TVN, la magistrada cuestionó el rol que jugó el Tribunal Electoral (TE) en cuanto a la candidatura presidencial del ahora presidente de la República, José Raúl Mulino.

También se refirió a la Asamblea y los “otros intervinientes” en el contrato del Estado con Minera Panamá.

“Si el Tribunal Electoral hubiese hecho lo que le correspondía, muy probablemente esa demanda no se hubiese presentado. Si la Asamblea y todos los intervinientes hubiesen hecho lo correcto, esa demanda de la minera no hubiese llegado a la Corte”, recalcó,

La magistrada recordó que ya había un fallo de inconstitucionalidad contra el contrato y la obligación del gobierno era corregir esos aspectos que ya habían sido demandados.

“Esos dos momentos marcaron un antes y un después; el efecto es que se debe actuar con más cuidado. No quiero achacarle responsabilidades a nadie, pero debemos hacer las cosas de acuerdo con los procedimientos que están en la ley”, recalcó.

La magistrada reconoció que en el caso Odebrecht hay procesados que aún no han sido notificados, a pesar de que el juicio ha sido pospuesto por cuatro ocasiones desde 2023.

“Tenemos que conocer los trámites que conlleva una causa tan compleja, y ella [la jueza Baloísa Marquínez] lo explicó. Las asistencias judiciales que no han sido respondidas y toman ocho o nueve meses para que los países respondan”, dijo en TVN.

López Arias se mostró optimista de que en noviembre próximo se inicie el juicio por el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de América Latina y en el que ya ha habido condenas en otros países.

La magistrada también consideró que otro de los aspectos importantes de este caso es que Brasil, a través de algunas decisiones que han adoptado sus tribunales, ha señalado que los colaboradores no pueden declarar.

“Es una situación que tiene que resolverse. La jueza tiene que gestionar nuevamente las asistencias judiciales -supongo que ya lo ha ya hecho, no lo sé-, tiene que pasar nuevamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo.

En cuanto al aumento que se aprobaron los magistrados, López Arias justificó la medida al comparar el salario en Panamá con otros países de la región. Durante 30 años el salario de los magistrados de la Corte no ha sido revisado y el proceso para el incremento se inició el año pasado y fue incluido en el presupuesto del órgano Judicial de este año.

Rechazó el argumento de que el incremento a los magistrados de la CSJ obliga a un aumento a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas porque “ellos no son homólogos de nosotros, los magistrados de la Corte no tienen homólogos”.

El aumento no fue refrendado por la Contraloría, pero, a su juicio, el contralor está obligado a hacerlo ante la insistencia que han presentado.

Dijo además que están preparados para atender la demanda contra el contrato de Panama Ports

“Hemos demostrado que las presiones no nos llevan a tomar decisiones que no estén de acuerdo con la ley, por lo tanto, cualquier presión que sea externa estoy segura de que no nos va a llevar a tomar una decisión distinta a la que corresponde”, recalcó.