El nuevo escándalo de la Asamblea, que implica el uso de fondos sin sustento y maquillados como “pagos de movilización”, no solo es un golpe para el Legislativo, sino también para las esperanzas de la población en torno a un órgano del Estado que es fundamental para la democracia y progreso del país. Se trata de desembolsos discrecionales que pasan por la presidencia de la Asamblea Nacional. Diputados suplentes con salarios de $5.000 y otros $1.000 para “movilizarse”, otros contratados como personal “de apoyo” de los parlamentarios reciben fondos en una práctica carente de transparencia. ¿Cómo se usa ese dinero? ¿Cuál es la justificación? El Legislativo no puede pretender verle la cara por enésima vez a la ciudadanía. Panamá necesita ponerle freno y allí el contralor de la República tiene un rol fundamental; no puede repetir la misma historia de sus antecesores que ayudaron a lavar los malos manejos de los diputados. Por su naturaleza, la Asamblea cuenta con la mayor representatividad de la diversidad política y social del país. Un espacio que debería ser el foro más importante para discutir los grandes debates nacionales, no una trinchera de intereses y planillas “cashback”.

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