Entrelíneas del 17 de septiembre de 2024

El informe divulgado por la Defensoría del Pueblo, que evidencia cobros abusivos e inadecuados en la facturación de empresas eléctricas a clientes, es una muestra más de los atropellos que atentan contra la calidad de vida de los panameños. El reporte revela un secreto a voces, a pesar de que los usuarios cumplen responsablemente con el pago, sus quejas no son atendidas debidamente. Un problema que se suma al injustificado mal servicio que brindan estas compañías, incluso reconocido públicamente por el presidente de la República. La seguridad jurídica del país implica que nadie está por encima de la Ley. Invertir en Panamá no puede interpretarse como una “carta blanca” para maltratar a la ciudadanía con un mal servicio, sin consecuencias. La Autoridad de los Servicios Públicos ya no tiene excusas para su inacción, empresa que incumpla, que sea sancionada ejemplarmente.