¿Y dónde quedó el oro verde?

Las recientes declaraciones del Ministro de Ambiente, con la franqueza que lo ha caracterizado desde antes de asumir el cargo, no hicieron más que confirmar lo que muchos ya sospechaban: no existen datos que respalden la supuesta contaminación ambiental atribuida a la mina y al final parece que nos quedamos sin el “oro verde” y sin el “oro amarillo” (esta frase es solo una alegoría, entendiendo que la mayor extracción era de cobre y no de oro).

Mientras tanto, las protestas terminaron siendo un espectáculo carente de fundamento técnico, alejado de cualquier genuino interés ambiental. Más que una defensa del medioambiente, sirvieron como plataforma política y mediática para algunos oportunistas que vieron en esta coyuntura como una oportunidad para ganar protagonismo en medio de un gobierno fracasado.

Y, lo más preocupante es que, sumado a otros factores internos y externos, el impacto de la ausencia de la minería apenas comienza a sentirse.

Esta noticia de la ausencia de evidencia científica de las contaminaciones no controladas o gestionadas, para quienes desconocen cómo funciona una gestión ambiental en proyectos, el funcionamiento de los laboratorios de calidad ambiental y el significado de una certificación ISO 14001, cayó como un balde de agua fría.

Es innegable que, como cualquier actividad industrial, la minería genera impactos ambientales en distintos niveles. No obstante, afirmar que estos impactos no estaban siendo gestionados dentro de los parámetros normativos y sin un sustento científico más allá de lo visual, era un error.

Ahora bien, la minería a cielo abierto, especialmente en sus fases de construcción y operación, produce un fuerte impacto visual que puede resultar alarmante para quienes no están familiarizados con la gestión ambiental de proyectos y puedo entender que imágenes de grandes excavaciones, remoción de la capa vegetal y movimiento masivo de tierra despierten rechazo en ciertos sectores. Sin embargo, un profesional del área ambiental sabe que una cosa es la percepción y otra, muy distinta, es la realidad basada en datos, monitoreos y estudios científicos.

Con esto no quiero decir que el primer contrato y el que se propuso posteriormente fueran óptimos. Considero que se pudo haber logrado un acuerdo más sólido y estructurado, con mejores condiciones de preservación y compensación ambiental. Sin embargo, la forma en que se puso fin a la operación minera ha tenido consecuencias graves que hoy nos están pasando factura, no solo en términos de desempleo, sino también en la recaudación de ingresos que el país necesita para mantenerse a flote.

No soy abogado ni economista, así que dejo que quienes sí lo son profundicen en los aspectos legales y financieros de una posible reactivación.

Sin embargo, lo que sí es fundamental es que, cuando el país reconozca el error que cometió y la necesidad de reactivar un proyecto minero que ya existía —y cuyo impacto ambiental también era preexistente—, los gremios relacionados con el ámbito ambiental tengan un espacio real para aportar su conocimiento y experiencia.

La elaboración de un nuevo contrato debe ser más claro en lo que respecta a protección, mitigación y gestión ambiental. Además, es esencial establecer mecanismos de supervisión más detallados y efectivos, reduciendo la dependencia de certificaciones internacionales y buenas prácticas.