Nicaragua: protectores de derechos... hasta que incomoda

A raíz del reciente comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua el 31 de marzo de 2025, se hace indispensable alzar una voz crítica, firme y bien argumentada desde la defensa de la institucionalidad panameña. El documento, cargado de señalamientos y acusaciones contra la República de Panamá, representa una peligrosa distorsión de los principios que rigen el derecho internacional y la convivencia diplomática entre Estados soberanos. Más allá de la figura del ciudadano beneficiado con un discutible asilo, el verdadero trasfondo del comunicado es el uso político, mediático y diplomático del derecho de asilo, convertido en un espectáculo de manipulación con fines ajenos a la justicia y al respeto mutuo entre naciones.

Resulta contradictorio y profundamente cuestionable que el mismo Gobierno nicaragüense que concedió asilo humanitario en su sede diplomática en Panamá, ahora emita un pronunciamiento en el que se deslinda de recibir a dicha persona en su territorio, condicionando su eventual ingreso a la “definición de un estatus jurídico”. Esta postura no solo resulta ambigua, sino que revela una intención deliberada de instrumentalizar una figura jurídica con una finalidad propagandística: proyectar una imagen de defensa de derechos mientras se incita un conflicto diplomático innecesario y sin base real.

El contenido del comunicado nicaragüense abunda en expresiones ofensivas e impropias dentro del lenguaje diplomático. Habla de “actitudes absurdas” por parte del Gobierno panameño, de acciones “violatorias del fuero diplomático”, e incluso alude con alarma a episodios de violencia y agresión física contra embajadas y diplomáticos, insinuaciones totalmente infundadas en el contexto panameño. No se menciona un solo hecho verificable que justifique tales acusaciones. Lejos de propiciar un diálogo respetuoso, el comunicado eleva el tono, construye una narrativa de victimización institucional y politiza una situación que debería manejarse con sobriedad jurídica y apego a los tratados internacionales.

Lo más preocupante, sin embargo, es el doble discurso que encierra la posición de Nicaragua. Por un lado, apela a principios de “buena vecindad”, “hermandad entre pueblos” y “vocación humanista”, pero, por otro, utiliza una plataforma oficial para denostar al Gobierno de Panamá y descalificar su accionar soberano y legal. Esta dicotomía revela una estrategia de comunicación calculada: posicionarse como víctima de una supuesta agresión internacional mientras se bloquea, en la práctica, la cooperación jurídica entre países, se obstaculiza el funcionamiento del sistema Interpol y se ignoran las obligaciones del asilo conforme al derecho internacional.

El derecho de asilo no debe ser entendido como una herramienta de confrontación, ni mucho menos como una excusa para otorgar inmunidad política a personas involucradas en procesos judiciales internos de otros países. Si Nicaragua realmente considerara inviolables los principios del asilo, habría garantizado coherencia entre la protección diplomática concedida y la voluntad de acoger al beneficiado de dicho asilo. El hecho de negarse posteriormente a recibirlo solo confirma que el acto fue simbólico, mediático y oportunista, carente de sustancia jurídica real.

Esta actitud compromete la credibilidad de Nicaragua en el ámbito internacional y la expone como un actor que utiliza los mecanismos del derecho internacional, no para garantizar justicia o solidaridad, sino para avanzar narrativas políticas que buscan entrometerse en los asuntos internos de otros Estados. Es preocupante que una figura tan delicada como el asilo, históricamente vinculada a la protección frente a persecuciones políticas genuinas, sea utilizada como escudo para generar tensiones y encubrir agendas ideológicas.

Panamá, en este escenario, ha actuado conforme a derecho. Las solicitudes de colaboración con Interpol y los procedimientos judiciales internos se enmarcan en un Estado de derecho sólido, con independencia de poderes y garantías procesales. Descalificar ese marco institucional, como lo hace el comunicado nicaragüense, no solo es ofensivo, sino que constituye una afrenta a la soberanía nacional panameña.

Este episodio debe ser comprendido no como un conflicto bilateral tradicional, sino como un intento de Nicaragua por construir un relato político que refuerce su imagen regional como supuesto defensor de derechos, a costa de debilitar las instituciones de otros países. Ante ello, Panamá debe responder con altura, firmeza y diplomacia, sin caer en provocaciones, pero exigiendo el respeto que merece su sistema judicial y su orden constitucional.

Asimismo, corresponde a los organismos internacionales y regionales, como la OEA y el SICA, observar con atención este tipo de conductas y pronunciarse cuando el derecho internacional es manipulado con fines ajenos a su espíritu original. Si se permite que el asilo sea utilizado como instrumento de propaganda y no como figura jurídica con límites y procedimientos claros, se corre el riesgo de erosionar los principios fundamentales que garantizan la cooperación y la convivencia pacífica entre los Estados.

Panamá no debe permitir que la distorsión y el ruido diplomático empañen su compromiso con la legalidad y la justicia. Frente a la manipulación, firmeza institucional. Frente a la acusación sin pruebas, transparencia y legalidad. Frente al doble discurso, la verdad jurídica como principal herramienta de defensa nacional.