Referéndum y gobernantes con visión de Estado

Durante las últimas décadas, las crisis sociales vividas en diferentes países de América Latina han llevado a procesos de reformas constitucionales, como vía para lograr mayor participación ciudadana en la vida política y lograr modelos de desarrollo más sociales y solidarios.

Lamentablemente, la redacción de los nuevos textos reformatorios no necesariamente han favorecido la voluntad popular y en algunos casos su finalidad se vio limitada a beneficiar la intención de continuidad en el poder de algunos mandatarios.

De igual forma, Panamá ha sufrido los embates de severas crisis sociales que cada día se profundizan más. Aún cuando nuestra economía durante los últimos 15 años ha evidenciado un sostenido crecimiento económico, el mismo se ha visto sesgado, concentrando los beneficios en menos del 15% de la población, mientras se incrementan las demandas sociales y se mantienen los indicadores de pobreza y marginalidad, que patentizan la exclusión e inequidad de un sistema que en nada favorece el desarrollo humano.

Aunado a esta realidad, la poca edificante actuación de algunos gobernantes —en diversos periodos—, donde el amiguismo, compadrazgo, parentesco o afinidad política o empresarial, han sido el norte de la gestión pública para administrar el patrimonio del Estado, defraudando la fe y confianza de una población que clama por controles efectivos que sancionen la corrupción a todos y cada uno de los niveles del aparato gubernamental y promuevan el beneficio colectivo.

Frente a estos hechos, la sociedad civil requiere se le dé participación efectiva y representativa, de manera tal que los diversos sectores (sin distinción de ideologías, credos ni etnia) que integran la sociedad puedan emitir su opinión sin restricción ni prejuicio en la búsqueda de soluciones efectivas, seguras, con propuestas coherentes y con sentido común, que se constituyan en alternativas para solucionar, conjuntamente con las autoridades de turno, los apremiantes problemas por los que atraviesa la nación. El país demanda gobernantes con visión de Estado, vocación de servicio público, sólidos valores éticos y de identidad nacional que constituyan el modelo a ejemplificar, para dar sustento a nuestra existencia como nación democrática, garante del respeto a los derechos humanos, políticos y sociales de quienes habiten el territorio nacional.

Por lo antes expuesto, considero pertinente que el proyecto de ley para convocar a un referéndum o consulta popular, que actualmente busca aprobación en la Asamblea Nacional, debe contar con la participación de todos los grupos representativos de la sociedad civil, para la redacción y aprobación de su texto, conjuntamente con la Asamblea. Que exista total transparencia en el proceso de consulta, discusión y consenso sobre la objetividad del mismo en los cambios propuestos, máxime si por algún motivo tratara de introducirse modificaciones a la Constitución Política de la República, documento que debe garantizar la institucionalidad del Estado y el respeto a los derechos inalienables de la ciudadanía.

*Economista y educadora.diostesalvepanama@yahoo.com