Una sociedad que carece de política criminal preventiva, producto del populismo político

La alta gerencia del Ministerio de Gobierno, durante su intervención en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, reveló la crisis que enfrenta el sistema penitenciario panameño. Según las estadísticas presentadas por la misma, dejó evidenciado que Panamá tiene más de 23.000 personas privadas de libertad, lo que representa al Estado un precio unitario diario entre treinta y seis a cuarenta dólares. Esto da como resultado que anualmente la República de Panamá asigne una partida presupuestaria en el sistema penitenciario por la suma de veinticuatro millones de dólares.

Para este autor, la estadística que maneja la dirección general del Sistema Penitenciario es preocupante. Debido a que, por cada cien mil habitantes, quinientos sesenta están privados de libertad. Es importante señalar que nuestro país no cuenta con suficientes presidios para hacer frente a esta cantidad de personas detenidas, ya que nuestro sistema carcelario solo tiene capacidad para 14.591 reclusos. Estadísticamente hablando, estamos sobrepoblados por más de ocho mil personas detenidas. Es necesario enfatizar que, si en Panamá se legislara en materia de política criminal preventiva, nuestro país reduciría el índice de criminalidad.

No obstante, la problemática radica en que nuestra sociedad carece de política criminal preventiva. Es conveniente acotar que este fenómeno es la consecuencia de la práctica del populismo punitivo que busca el legislador para ganar más electores de camino a su contienda electoral y mostrarse ante la sociedad como si estuvieran resolviendo el problema de la criminalidad al crear normas punitivas con penas excesivamente altas como si esa fuera la solución al problema. Crear ese tipo de normas o reformar las actuales con penas elevadas no garantiza que las personas dejen de realizar ciertas conductas. Lo que se debe hacer son políticas criminales que permitan identificar dicha problemática y no solo identificarlas, sino prevenirlas, lo que permitiría avanzar hacia una sociedad más pacífica.

Cuando hablo de crear políticas criminal preventivas, me refiero a que se deben realizar estudios sobre el porqué de determinadas conductas. Estos estudios van de la mano con políticas públicas que aborden tanto el aspecto preventivo como represivo, así como actividades educativas y deportivas. También, se deben crear más programas en la comunidad que permitan desarrollar talentos. Es decir, dar a los ciudadanos herramientas de sostenibilidad que les permitan desarrollarse y mantenerse ocupados. Además, se debe fortalecer el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y el legislador debe trabajar de la mano con este instituto para prevenir la criminalidad.