Seguridad jurídica: pilar para atraer inversión a Panamá

La economía panameña ha sido históricamente reconocida como un polo atractivo para la inversión extranjera directa, gracias a su posición estratégica y a la solidez de su infraestructura financiera y logística. Sin embargo, el éxito en atraer y retener capitales internacionales depende de un elemento crucial: la seguridad jurídica. Sin un marco normativo claro, transparente y confiable (énfasis en confiable), las oportunidades de crecimiento económico y desarrollo se ven gravemente comprometidas. Este artículo aborda la relevancia de la seguridad jurídica en el contexto panameño, vinculando su importancia con los fundamentos económicos y legales del país.

La inversión extranjera directa (IED) no solo dinamiza sectores clave como la banca, la logística y la construcción, sino que también tiene un efecto multiplicador en el producto interno bruto (PIB). Según teorías económicas como la de “trickle-down economics”, una mayor inversión en sectores estratégicos genera beneficios que se filtran hacia otras áreas de la economía, desde la creación de empleos hasta la mejora en servicios públicos financiados por mayores ingresos fiscales. Además, el flujo constante de IED e incremento al PIB permite a Panamá mantener una posición competitiva en el mercado internacional de créditos, favoreciendo la obtención de financiamiento con menores tasas de interés.

La seguridad jurídica como piedra angular del atractivo económico

En Panamá, la seguridad jurídica se garantiza a través de normativas sólidas que regulan las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y los inversionistas. El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá establece la igualdad ante la ley, garantizando un trato justo a nacionales y extranjeros. Asimismo, el Código Civil panameño, en su artículos 3 y 997, protege los derechos adquiridos bajo contratos válidamente celebrados, reforzando la certeza en las transacciones comerciales. Por su parte, la Ley No. 54 de 1998, “Por la cual se Dictan Medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones”, asegura la no discriminación y la estabilidad jurídica para los inversores internacionales.

Sin embargo, cualquier debilitamiento en la aplicación de estas leyes o en la confianza que generan podría tener consecuencias devastadoras. La falta de seguridad jurídica puede conducir a la centralización de la economía en sectores menos competitivos, limitando la diversificación y aumentando el costo de oportunidad de futuras inversiones que deciden no establecerse en Panamá y podrían haber generado mayores beneficios a largo plazo.

El costo de la inseguridad jurídica

La descentralización de la economía nacional requiere una visión estratégica que fomente la inversión en áreas menos desarrolladas, como el sector de semiconductores, por nombrar alguno. Sin embargo, la inseguridad jurídica puede disuadir a los inversionistas de arriesgar su capital, dejando al país dependiente de un modelo económico concentrado en actividades tradicionales, como los sectores logísticos y financieros. Además, la incertidumbre legal incrementa los costos de transacción y reduce la confianza en los mercados financieros, limitando la capacidad del país para captar préstamos en condiciones favorables (ej. la pérdida del grado de inversión).

Un ejemplo claro de las repercusiones de la inseguridad jurídica es la pérdida de competitividad frente a otras economías emergentes en la región. Países como Costa Rica y República Dominicana han implementado políticas sólidas para garantizar la protección de los inversionistas, atrayendo capital que podría haber sido destinado a Panamá.

Hacia un Panamá más competitivo

Para garantizar la atracción y retención de la IED, Panamá debe fortalecer sus instituciones y garantizar la aplicación uniforme de las leyes. Esto incluye reforzar el marco normativo vigente y fomentar la transparencia en todos los niveles del gobierno. La implementación de mecanismos de arbitraje y resolución de conflictos, como los establecidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, puede también brindar mayor certeza a los inversionistas.

La seguridad jurídica no es solo un principio abstracto; es la base para construir una economía inclusiva y sostenible. Al garantizar un entorno legal predecible, Panamá puede consolidarse como un destino preferido para la inversión internacional, maximizando su crecimiento económico y asegurando el bienestar de las futuras generaciones.