Reflexiones sobre el denominado 'examen de idoneidad'

El concepto y propósito de idoneidad en su mejor dimensión es digno de reconocimiento, sobre todo por el valor ético que demanda el respeto a la población que va a recibir un servicio profesional especializado y en muchos casos, de un alto nivel de sensibilidad; y es que el término idóneo, significa o categoriza todos aquellos profesionales que tienen una buena disposición o suficiencia para el ámbito en el cual se certifica dicha idoneidad y esa condición queda totalmente definida cuando analizamos también sus sinónimos (apto, capaz, eficiente, etcétera).

En el caso específico de nuestro país, el tema ha tomado relevancia en los últimos días, a raíz de la aplicación del Examen de Idoneidad a los abogados graduados de las diferentes facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas; y ya antes se habían dado algunos sobresaltos frente a una situación similar con los médicos recién graduados de las facultades de Medicina en el país, los cuales, con el mismo propósito de la idoneidad profesional enfrentaron el denominado Examen de Certificación Médica.

No hay duda de que el propósito de asegurar que la sociedad reciba abogados y médicos aptos, capaces, eficientes, competentes es un objetivo en la dirección correcta, como también lo es con otras profesiones, como los ingenieros y arquitectos, que también tienen mecanismos acordados para este fin y debiera ser para quienes ejercen la profesión docente, en donde aún no existe la figura de la idoneidad, certificación o como quiera llamársele.

No obstante, el tema tiene otras aristas que deben ser consideradas, con el fin de no distorsionar tan noble propósito y sobre todo con no dejar el peso y las consecuencias de las cosas mal hechas solo a los egresados que, al no aprobar los exámenes aplicados, quedan sin la posibilidad de continuar su evolución a la profesión, para la cual la Casa de Estudios que los acogió debió haberlos formado.

Aquí vienen entonces algunas consideraciones que me permito catalogar de naturaleza técnica y que deben ser incorporadas a este proceso de otorgamiento de idoneidad, el cual no se puede circunscribir a una prueba o examen y a cargar la responsabilidad únicamente en el estudiante egresado, por lo que en ese sentido habrá que tener presente una serie de criterios, conceptos, instrumentos, mecanismos y responsables, los cuales deben trabajar de forma articulada, armónica y coordinada, tomando en cuenta el interés y el derecho de los estudiantes egresados. Y es que la formación profesional debe pasar primero por definir un Perfil de Ingreso que considere aspectos académicos o cognitivos, pero también actitudinales. De igual manera, antes de iniciar los estudios o ingreso a la carrera seleccionada, se debe definir el Perfil de Egreso y este igualmente debe considerar los aspectos teóricos, prácticos y éticos de la profesión.

En función de uno y otro perfil y sus correspondientes indicadores debe estructurarse el Currículum de la Carrera, asegurando que efectivamente dicho plan de estudios es conducente a la formación requerida por la sociedad para dicho profesional.

Los elementos señalados en uno y otro perfil, además de asegurar que están contemplados en el Plan de Estudios de la Carrera, deben ser definidos con la gradualidad que el estudiante los debe ir adquiriendo y en base a esa progresión se deben ir monitoreando a través de evaluaciones periódicas y objetivas, lo que implica que se hagan con los criterios e instrumentos pertinentes. Un elemento que vale la pena considerar es que en el plan de estudios haya el espacio para una Práctica Profesional lo más apegada al ejercicio de la profesión y que al final de la misma y aún dentro de la tutela de la Casa de Estudios, haya un Examen de Grado en base al perfil de egreso comprometido, pero asegurando que sea una prueba integral y no solo para medir conocimientos memorísticos, sino para evaluar las competencias que requiere la profesión bajo evaluación.

El perfil de ingreso y de egreso, por ser tan determinantes para el éxito de los estudiantes, se requiere que en la definición de estos participen los gremios profesionales y las instancias que se encargarán de la elaboración, aplicación y evaluación de las pruebas o examen de idoneidad; Porque no es correcto ni justo con los estudiantes que discrepancias o falta de coordinación entre las instancias formadoras y las que regulan el ejercicio profesional deriven en la equivocada expresión de “estudiantes fracasados”, cuando generalmente esos fracasos corresponden a la naturaleza del sistema y sus mecanismos.

En síntesis, es necesario seguir profundizando en los mecanismos y procedimientos para asegurar que las universidades entreguen a la sociedad profesionales idóneos, pero es de justicia que existan criterios unificados y mecanismos transparentes para que los aspirantes a la idoneidad conozcan desde el momento de ingreso a la carrera cuáles son LAS COMPETENCIAS que deben adquirir a lo largo de la misma para aprobar ese examen de idoneidad y que este sea elaborado, aplicado y evaluado por instancias que a su vez cuenten con personal idóneo para esta enorme responsabilidad de otorgar idoneidad profesional y que producto de dicha idoneidad académica, ese tribunal examinador esté en capacidad de recibir a los interesados y sustentar los resultados obtenidos por los interesados y ser al mismo tiempo orientadores y no “verdugos” de los profesionales en formación. Finalmente, será importante fijar una normativa jurídica para establecer responsabilidades para las instancias formadoras a cuyos egresados, después de años de estudio, no se les haya dado la formación comprometida y también para aquellas instancias que expresamente caigan en acciones de exclusión injustificada, tomando en cuenta que la educación es un proceso social, cuya finalidad principal es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan para ser exitosos en la vida y que, por tanto, el centro o foco del proceso debe ser únicamente el estudiante.