Rechazo a la privatización y rescate de nuestro fondo de pensiones

La semana pasada representantes de los gremios de trabajadores se reunieron con el presidente de la República para abordar los problemas financieros y de salud que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS), así como el proyecto de reformas a la Ley 51 Orgánica de la entidad. En esa reunión le manifestaron al primer mandatario que rechazan la privatización de la CSS y la aplicación de medidas paramétricas para salvar el fondo de pensiones de la institución.

Por su parte, el presidente manifestó - como buen político - que le preocupa la Caja y va a hacer lo que tenga que hacer para salvarla, invitando a los diversos sectores del país a conformar una “cruzada nacional” para salvar la CSS.

Yo espero que esta vez - sin agendas de ninguna índole - seamos capaces de dialogar y alcanzar el consenso nacional que necesita la seguridad social para superar esta crisis. En ese sentido, le dedico esta glosa a ofrecer - para el beneficio de los convocados al futuro diálogo y, por ende, los asegurados - algunos argumentos en relación con la privatización y a las medidas paramétricas.

Comenzaré subrayando la necesidad de oponernos rotundamente a la privatización de las pensiones, y - haciéndome eco de lo manifestado por los trabajadores - al nombramiento de un director con reconocida preferencia por el manejo privado de las pensiones, pues no estará en su naturaleza avanzar hacia la reconstrucción de nuestro sistema público de pensiones.

Profundizando en esta oposición rotunda a la privatización, es recomendable aprovechar los argumentos - e invitar a la lectura completa - del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado: “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina”.

El informe ofrece información contundente sobre el fracaso de los sistemas privados de pensiones obligatorios para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez, y su bajo desempeño en términos de: cobertura, niveles de beneficios, desigualdades de género y de ingresos, incremento de los costos administrativos, lo que resultó en menores niveles de prestaciones, costos de transición, e impactos sociales y fiscales, entre otros.

Como si fuera poco, se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión, y en muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración, con efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento nacional.

El documento de la OIT también documenta los procesos de reversión de la privatización de las pensiones: aspectos de legislación, gobernanza, nuevos derechos a prestaciones, financiamiento y tasas de cotización de los nuevos sistemas públicos de pensiones y; se identifican los pasos necesarios para revertir la privatización de las pensiones, para aquellos países que consideren retornar a un sistema público. Todo está escrito pues. No es la hora de ponernos a inventar y provocar un conflicto social con graves consecuencias para nuestro país.

Otro asunto es la consideración de las medidas paramétricas pues - en mi opinión - para rechazar la privatización, rescatar nuestro fondo solidario de pensiones y hacerlo sostenible, es necesario - sin esperar que el gobierno nos financie - considerar la aplicación de medidas paramétricas, desarrollar inversiones sostenibles y garantizar la transparencia en la gestión del fondo.

Para comenzar parece ineludible considerar la aplicación de medidas paramétricas que permitan - sin perjudicar a los asegurados - generar suficientes ingresos para cubrir los gastos futuros. Comparto, sin entrar en detalles, las que señalan los expertos en el tema, y recomiendo debatir si nos conviene considerarlas y adecuarlas a nuestra realidad para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones: (i) incremento gradual de la edad de jubilación, alineado con el aumento de la esperanza de vida para mantener el equilibrio entre los años de contribución y los años esperados de recepción de la pensión; (ii) incremento de las tasas de contribución de trabajadores y empleadores, complementando con la ampliación de la base contributiva; (iii) aumento del número de años de contribución necesarios para acceder a la pensión completa; (iv) establecer mecanismos automáticos de ajuste de los parámetros del sistema de pensiones en función de la evolución demográfica y económica y; (vi) asegurar que los ajustes paramétricos no afecten desproporcionadamente a los trabajadores de bajos ingresos o a aquellos con carreras laborales intermitentes.

Tan importante como la aplicación de estas medidas, es implementar inversiones sostenibles que equilibren adecuadamente el riesgo y el retorno, diversifiquen las carteras de inversión, y aseguren liquidez y rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta las obligaciones futuras del fondo de pensiones.

Finalmente será necesario para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema solidario de pensiones, y mantener la confianza de la ciudadanía: la gestión transparente - libre de corrupción y clientelismo - del sistema de pensiones.