Un año más será la espera para ver justicia en el caso Odebrecht

Con cuestionamientos procesales, la esperada audiencia por blanqueo de capitales por el caso Odebrecht fue aplazada por cuarta vez este lunes, dejando en suspenso para final de año el veredicto contra 31 imputados por el supuesto pago de coimas por unos $59 millones.

La jueza Baloísa Marquínez reprogramó la audiencia ordinaria durante el período comprendido entre el 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, con fecha alterna del 12 de enero al 13 de febrero de 2026, luego de la petición de tres abogados defensores que alegaron que se requería el testimonio de Andrés Campo Rabello, principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, quien confesó los sobornos de la constructora, para efectuar el contrainterrogatorio.

Cuestionamientos

Esta audiencia implicaba el fin de la espera de una investigación que se inició en 2015, fue archivada y se reabrió en 2017. La decisión deja un sinsabor en la ciudadanía y en expertos juristas que cuestionaron las alternativas no practicadas y la falta de celo procesal.

La investigación de este caso se inició con las reglas del sistema judicial inquisitivo y, aunque no se puede desconocer que cuando se remite una asistencia judicial queda a merced de la importancia que le dé el país que la recibe, para la exprocuradora Ana Matilde Gómez la gestión no fue suficiente, y la jueza primera de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, deberá tener cautela, pues le podría dilatar la respuesta por los intereses existentes.

“Entiendo que se quieran agotar dudas por si el caso es visto ante la convención de los derechos humanos, pero no puedo entender que la nueva fecha sea en noviembre; si yo fuera cuerpo juzgador mando a un funcionario a que espere la respuesta, porque bastaría la contestación, así sea negativa, para seguir adelante”, dijo Gómez, quien resaltó que esto se ha efectuado antes.

“No fue suficiente el celo procesal para que el testigo procesal estuviera en esta audiencia, porque la sociedad panameña está harta, cansada de los escándalos de corrupción, y ahora tiene que esperar un año más”, cuestionó el abogado procesalista y exfiscal Giovanni Olmos.

Lo fundamental es saber qué se hará para tener la certeza de que el testigo comparezca en la nueva fecha. “Va a ocurrir lo mismo, ya se lo digo”, dijo Olmos, pero esta interrogante no ha sido resuelta.

La fiscal superior Ruth Morcillo explicó que la reprogramación ocurrió porque se requiere un testigo de la defensa proveniente de Perú y ocho de Brasil, que fueron trabajadores de Odebrecht que rindieron una declaración indagatoria y colaboraron con el Ministerio Público, por lo que deben someterse a las preguntas de la fiscalía y la defensa.

Esta diligencia se efectúa para evitar reclamos a nivel internacional y supera varios meses, en tanto que se había logrado una investigación fortalecida en la que se diligenciaron 146 asistencias judiciales internacionales entre colaboraciones y estados de cuentas, según el Ministerio Público.

“Son asistencias que deben estar diligenciadas y entendemos que el tribunal logró tratar de tener las cristalizadas para poder nosotros alegar que el tribunal hizo lo que le correspondía y la ciudadanía tiene que tener fe de que es una investigación robusta y que el Ministerio Público está preparado y que sustentaremos y reforzaremos la investigación”, dijo Morcillo en una conferencia de prensa.

Estos tiempos procesales que describen la fiscal “son frustrantes y frenan la justicia”, manifestó Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional, quien acotó que siempre existirán razones, pero deben superarse porque de otro modo no arranca la audiencia y aún quedan por resolverse eventuales recursos y apelaciones que pueden tomar otros tres años.

“Es toda la primaria y secundaria de un niño que entró a clases en 2015 y se gradúa de secundaria en 2027”, y en este caso las partes, abogados y fiscales se pusieron de acuerdo pero la sociedad que ve desde afuera no lo justifica. Yo lo entiendo, pero no lo comparto”, puntualizó Barsallo.

Y es que todas las expectativas de la sociedad ante el mayor escándalo nacional e internacional terminaron en 45 minutos, luego de que la audiencia se inició a las 9:15 y culminó a las 10 de la mañana con su postergación.

Justicia o impunidad

Por este caso están procesados dos expresidentes, Ricardo Martinelli (2009 -2014) y Juan Carlos Varela (2014- 2019), el primero asilado voluntariamente en la Embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero de 2024, tras ser condenado por blanqueo de capitales por el caso New Business.

Los hijos del mandatario asilado: Ricardo Alberto y Luis Enrique, confesaron lavar $28 millones para su padre, pero poseen inmunidad tras haber sido juramentados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), mismo organismo en el que se juramentó Varela.

Esta audiencia, con suerte para noviembre, representaría la justicia ante los más de $59 millones en coimas en Panamá a través de la constructora Odebrecht y en la que se llamó a juicio a seis exministros: Jaime Ford y Federico Suárez (Obras Públicas), Frank de Lima (Economía), Demetrio Papadimitriu (Presidencia) y José Domingo Arias (Vivienda) del gobierno de Martinelli.

En tanto, del gobierno de Varela está citado Carlos Duboy del Ministerio de vivienda.

El expediente de esta investigación en Panamá cuenta con 2.757 tomos y más de un millón de páginas. La empresa fue condenada a pagar $220 millones al Estado por los sobornos que se efectuaban desde la llamada “Caja dos”.