Proyecto Ley 163, robo del siglo

Las reformas a la ley de la CSS no son para mejorar la salud, ni tratar mejor a los pacientes, ni para mejorar el tema de los medicamentos, tampoco para mejorar la cobertura a IVM ni las pensiones, son para salvar al sector financiero como dijo Mulino.

En el caso de las prestaciones de servicios de salud del Programa de Enfermedad y Maternidad, casi todas las familias humildes, hemos perdido familiares por la mala atención, hemos sufrido en carne propia el desabastecimiento, la compra cara de medicamentos, la falta de insumos, reactivos, equipos médicos, hemos estado o acompañado a familiares en las camillas de urgencia en los pasillos, esperar o ver morir a familiares aguardando una cita médica con especialistas o esperando una intervención quirúrgica. Esto se debe a empresarios y gobiernos que ve en la enfermedad un negocio. La respuesta del gobierno de Mulino “privatización a través de externalización de servicios y hacer recaer sobre la Caja el financiamiento de la salud de la población (Fusión Caja-Minsa)”, en lugar de garantizar salud al pueblo panameño.

Por el lado de IVM, el gobierno empresarial asumió la postura de Conep, las cuentas individuales, catalogadas por OIT, FMI y Banco Mundial como privatización.

Datos de la OIT revelan que 30 países entraron a cuentas individuales (privatización) total o parcialmente. En 2023, 21 países retornaron. Solo 9 de 192 países mantienen cuentas individuales, Panamá entre ellos (sistema mixto que disminuye el monto de la pensión). Es decir, en todas partes fracasaron.

Las razones del fracaso: disminución de la cobertura, pensiones más bajas e inciertas, el riesgo de las inversiones se trasladó a cada cotizante, altos costos de administración de la AFP. A medida que la cobertura y las pensiones disminuyeron el Estado tuvo que intervenir a través de redes de asistencia social / programas no contributivos. Es decir, pensiones de miseria.

Unificar y volver a lo Solidario significa mejores pensiones y mayor sostenibilidad. La unificación de los sistemas no es expropiación. El proyecto impone medidas paramétricas: aumento de edad, historial laboral para el cálculo de la pensión, y la tasa básica de reemplazo (mecanismo para calcular la pensión) pasa de 60% más 1.25% por cada 12 cuotas adicionales a ser inciertas; es decir nadie sabe con certeza el monto de sus pensiones, depende entre otras cosas de las fluctuaciones del mercado financiero.

En la rebusca de conceptos hoy aparece “factor de pensionamiento actuarial”. Factor profundamente inequitativo hacia las mujeres, a quienes las coloca con menores pensiones a pesar de poder alcanzar el mismo nivel de contribución al momento de pensionarse. Advertimos que este factor de pensionamiento incrementa la edad de jubilación de las mujeres pues para alcanzar el 5.4 que alcanzan los hombres a los 65 años, la mujer tendrá que trabajar 65 años para no ser penalizada. Por ende, no es de extrañar que ajusten el artículo que aumenta la edad, pues ya lo tienen garantizado en otro artículo del proyecto.

Advertimos que van a buscar suavizar medidas para dorar píldora, torcer brazos en la Asamblea, pagar prebendas, corrupción para aprobar la ley. Como si fuera poco, como denuncia Frenadeso, es un proyecto con claros conflictos de intereses del actual director de la Caja con aseguradoras, del ministro del MEF con bancos y administradoras de fondos de pensiones y del ministro de salud con distribuidoras de equipos e insumos médicos y minería.

Y van por el “chenchén” vía el Fondo General de Reserva compuesto por todos los fondos de la CSS. Todo ello a través de los leoninos y privatizadores artículo 65, 66, 67, 68, 69,70. Tal como advertimos quieren el 100% de los fondos, de las reservas proyectadas por la OIT para el 2095 en casi 200 mil millones de balboas y se lo llevan de prosperar este proyecto.

Quieren imponer pensiones más bajas, menos cobertura, discriminación de la mujer y la juventud. Van por el robo de los fondos y corrupción, tienen conflicto de intereses, quieren revivir el proyecto minero. Este proyecto no lo hicieron para mejorar la situación de la CSS sino para empeorarla.

Siguen mintiendo, lo del peligro de las pensiones no lo plantearon en la Presidencia (mesa de escucha) y tampoco entregaron información. Por el contrario, en el cierre de esas mesas Mulino dijo que “sus expertos encontraron recursos para cuatro años más”. Hoy amenazan con pagar menos pensiones desde el 2025 en adelante.

El pueblo panameño no permitirá que los causantes de estos problemas y que lucraron con los recursos de la Caja, se roben ahora los fondos de los 4 programas de la institución.