Problemas recientes, insumos para la historia

Todavía recuerdo, en el 2019, cuando fui orador de fondo para la celebración de las efemérides patrias en el Ministerio Público, Fiscalía Regional de Colón. Días antes, recibí la llamada del actual procurador encargado, entonces fiscal superior, que entre algunos lineamientos me advertía que el Ministerio Público no era una institución política. Quizás ante la preocupación de que nuestro discurso fuese en tal dirección.

Como la politiquería o política partidista no es lo nuestro, nula fue la preocupación. Sin embargo, los posteriores escándalos y quejas de ciudadanos que recurren a dicha institución en busca de justicia y solo encuentran indiferencia e injusticia despertó nuestro interés de “mirar por dentro” el problema.

Cuando se escucha de la ola de renuncias de fiscales y operativos del Ministerio Público, como viene sucediendo en Colón desde la llegada de la nueva inquilina al despacho superior; de entre los sectores populares aflora la hipótesis genérica de que son funcionarios poco potables que, por estar envueltos en actos de corrupción, ante el temor de ser procesados optan por la renuncia.

Ciertamente, las actuaciones deleznables de algunos funcionarios en otrora, han de generalizarse. Sin embargo, aunque la ética profesional en medio de la globalización y la competitividad es cosa nimia y deteriorada, aún hay funcionarios dispuestos a ofrendar sacrificios por defenderla, con tal de no ser arrastrados por órdenes superiores que les lleven a la prevaricación y la injusticia.

Frente a toda generalización (hipótesis), el papel del historiador es hallar la diferencia en el infinito abanico de contestaciones, en los detalles trivializados (usuarios/funcionarios). Pues, los historiadores “trabajamos sobre algo que es siempre incompleto, pero no falso, ni mentiroso, sino real” (Levi, 2020).

Como la historia busca verificar los hechos a través de la evidencia real, un primer indicio es que, desde su toma de posesión, la nueva fiscal superior de Colón, pasando por encima de lo que establece la Ley de Carrera Administrativa, coloca en la coordinación de Atención Primaria a su novel amiga, desestimando la trayectoria, años de experiencias y preparación de otros fiscales adjuntos.

Así, inicia la cruzada contra funcionarios que no muestren sumisión, sin importar su buen rendimiento, eficacia y eficiencia, pues cada dimisión representa posicionar amigos y aliados. La inseguridad acapara la sección, pues la endiosada postura de la coordinación, “genera primero el miedo, y después el impulso de eludir ese miedo mediante un pacto que se basa en la renuncia de cada individuo a sus derechos naturales” (Ginzburg, 2015).

Ante tal postura, es mejor perder derechos que perder su trabajo, toda vez que los compromisos económicos nos roban el sueño. Unos pocos, por su parte, han preferido renunciar al cargo y salir con la frente en alto, antes que ponerse al servicio del absolutismo generador de injusticias.

Luego de medir los efectos y extraer las consecuencias necesarias de estos sucesivos comportamientos sesgados, se evidencia una sintomatología politiquera que parece gangrenar la institución. El MP es legítimamente una institución “judicial”, pero las actuaciones de algunos funcionarios de jerarquía la hacen no solo política, sino también clientelista, prevaricadora, represora y hasta amoral.

Estos fragmentos de una realidad judicial reciente, el historiador los amoneda, documenta y reflexiona como insumos que habrán de iluminar la historia profunda que aparentemente se encuentre perdida, mañana.

En definitiva, los historiadores podemos dirigir esfuerzos a estudiar los problemas de nuestro tiempo y entorno. Los problemas de nuestro sistema judicial no son ajenos al oficio. Porque “es que los historiadores no podemos alejarnos de los problemas que importan al ciudadano común... quienes viven en este mundo exterior, en la calle, necesitan también la historia, como la necesita cualquier ser humano” (Fontana, 2006. p. 3).