Problemas en la seguridad nacional que debemos afrontar

La situación de seguridad en el país sigue deteriorándose cada año, con un incremento preocupante en los índices delictivos y una sensación generalizada de impotencia frente a la incapacidad de las autoridades para abordar efectivamente el problema. La narcopolítica continúa siendo un factor que obstaculiza los esfuerzos gubernamentales para combatir la delincuencia, mientras que la falta de coordinación y liderazgo en las instituciones encargadas de la seguridad pública agrava aún más la situación.

Uno de los principales problemas es la falta de una estrategia integral de seguridad que aborde las causas fundamentales del crimen y la violencia como son la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la exclusión social, la falta de oportunidades, entre otros, como también la falta de aplicación efectiva de las leyes.

Las declaraciones inadecuadas de altos funcionarios, minimizando la gravedad de los problemas de seguridad (homicidios, robos, hurtos, narcotráfico, migración ilegal, etc.) han erosionado aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública, las cuales cada vez siguen perdiendo su aceptación a nivel de la población en general. En este orden de ideas podemos notar que la ciudadanía en general demuestra inquietud y molestia en el tema de la inmigración ilegal que cada vez se incrementa más a través de la frontera por la selva del Darién y que las autoridades hacen poco para reducirla tanto así que se elevan voces de candidatos políticos exigiendo al gobierno tomar acciones tan drásticas como el cierre total de la frontera con Colombia o exigirle al presidente de Colombia que aborde el problema que al parecer este le da la espalda y permite que el crimen organizado siga lucrando de esta actividad.

La distribución ineficiente del recurso humano y equipos en las fuerzas de seguridad ha generado confusión entre el personal y ha debilitado la capacidad de respuesta en áreas críticas como ocurre actualmente en las fronteras con Costa Rica con el tema del contrabando, el narcotráfico y con Colombia especialmente en el tema de la inmigración ilegal; y las zonas de alta criminalidad como la provincia de Colón y el distrito de San Miguelito, donde las pandillas que al tratar de tomar el control de los barrios enfrentándose con sus rivales resultan en los homicidios que disparan las estadísticas. Esta deficiencia y la falta de personal capacitado en las unidades de investigación criminal (DIJ), se ve reflejada en la ausencia de la utilización efectiva de la inteligencia policial la cual usada de forma adecuada debiera anticiparse a la realización de los actos delictivos, cosa que no se refleja en el combate efectivo contra el delito, los cuales son efectuados por grupos delictivos los que al parecer están bien organizados y planifican sus golpes certeros. Otro problema que se constituye en la falta de presencia policial en las calles es la utilización de miles de uniformados en actividades administrativas, de protección personal y en la custodia de cárceles, función que debiera ser cubierta por el Sistema Penitenciario, institución que es encargada de cumplir con esta obligación, este es un tema que ningún gobierno ha querido enfrentar y que simplemente le delegan a la Policía Nacional.

En el mismo contexto la mala aplicación de los retenes policiales o puntos de control, que en vez de constituirse en una solución se convierten en un problema para el ciudadano que es el que se ve afectado. Se debe revisar esta estrategia, tal vez para cuando ocurra una situación en donde sea necesaria su activación. No digamos con las protestas en la vía pública de los ciudadanos que reclaman derechos individuales y colectivos que los afectan (falta de agua, carreteras, energía eléctrica y demás...) y que, al no recibir respuesta, ocasionan cierres de vías, alteraciones del orden publico y violencia en general, al no ser atendidas sus quejas por el gobierno de turno. Afectando con esto los derechos humanos y sobre todo el derecho al libre tránsito del resto de la ciudadanía, que el estado debe garantizar.

La situación se ve agravada por la inadecuada infraestructura y equipamiento de las fuerzas de seguridad, lo que ha dejado a los policías en desventaja frente al crimen organizado. La percepción de abandono institucional ha contribuido a la desmoralización del personal y ha generado una creciente falta de respeto por parte de la ciudadanía hacia la policía.

Otro aspecto fundamental es la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, ha permitido que los involucrados o acusados exploten los vacíos legales y salgan en libertad, lo que socava la confianza en el sistema de justicia. Estos entes deben trabajar en conjunto para así tratar de evitar que el crimen tome la delantera y se aproveche de este problema para lograr sus objetivos.

Además, se deben utilizar los recursos disponibles en la sociedad, como las agencias de seguridad privada que es su función principal es la de resguardar los intereses y la propiedad privada, lo que debe ser aprovechado para aumentar los esfuerzos gubernamentales en materia de seguridad ciudadana.

El próximo gobierno debe afrontar en el tema de seguridad en el país una serie de desafíos que hay que abordar de manera conjunta y que han contribuido al empeoramiento de la situación a lo largo del tiempo. Entre los aspectos más preocupantes es la persistencia de la narcopolítica, que obstaculiza los esfuerzos gubernamentales para combatir la delincuencia como por ejemplo la falta de una ley de Extinción de Dominio que realmente asestaría un duro golpe a las finanzas del crimen organizado ya que aplicada de la manera correcta le cortaría sus brazos financieros.

Para abordar estos desafíos, es necesario una estrategia integral de seguridad que involucre tanto a las instituciones gubernamentales como a la sociedad civil. Es fundamental establecer políticas de Estado a largo plazo que promuevan la coordinación interinstitucional, la capacitación y distribución eficiente del recurso humano, así como mejorar la infraestructura y el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

En resumen, con una verdadera voluntad política que aborde todos estos desafíos podemos afrontar de una mejor manera la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada que está socavando la sana convivencia y se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los ciudadanos.