Presidencia revoca nombramientos de magistrados del TAFP hechos por Cortizo

Sin efecto quedó el nombramiento de Andrés Wong como magistrado principal del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) y de Jaime Vigil como magistrado suplente este lunes 23 de diciembre.

La decisión quedó expresada en el Decreto Ejecutivo No. 527 del 19 de diciembre de 2024, publicado este lunes en la Gaceta Oficial del Estado y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Pero los nombramientos de Wong y Vigil los ordenó el expresidente Laurentino Cortizo antes de la transición de mando, en un decreto fechado del 26 de marzo de 2024; unos 4 meses antes de que Mulino tomara posesión.

En abril, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional solicitó la ratificación de Wong y Vigil, pero esto no terminó ocurriendo, por lo que los nombramientos quedaron anulados.

No obstante, en abril sí se ratificó el nombramiento de Carlos Rogelio Ayala Montero como magistrado principal.

Trasciende que el pleno del TAFP lo conforman tres magistrados, dos son nombrados por el Órgano Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional.

Mientras, el tercer nombramiento lo hace la propia Asamblea Nacional.

De los nombrados por el Ejecutivo, uno debe ir a concurso y el segundo es elegido en una terna que hace el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Este último es el caso de Carlos Rogelio Ayala Montero, ratificado como magistrado principal en abril pasado, mientras que Lyda Angélica Rodríguez fue electa magistrada suplente.

La Asamblea Nacional, por su parte, nombró en 2018 a Nelly Edith González Hernández como magistrada y a Martín Wilson como suplente, este último es hijo del exdiputado de la Asamblea Jerry Wilson.

Antes de que el Ejecutivo dejara sin efecto los nombramientos de Wong y Vigil, el Ministerio de la Presidencia anunció el 11 de diciembre una convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado del TAFP.

El Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) fue creado por la Ley No. 23 del 12 de mayo de 2017, bajo la administración del expresidente Juan Carlos Varela.

Se constituyó como un ente independiente e imparcial encargado de conocer las apelaciones contra destituciones y acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes.

La entidad está encargada de impartir justicia administrativa laboral, de manera oportuna y eficiente.