Pagos de las primas de antigüedad, el principal reclamo que maneja el TAFP

El pago de las primas de antigüedad a funcionarios se ha vuelto uno de los principales reclamos que ha estado manejando el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP).

“El que más está llegando para estos días es el reclamo de prima de antigüedad, que como ustedes saben tiene que ver con el presupuesto de la nación, los ahorros que tenga cada institución y que a veces se dificulta porque no hay la prevención para pagar esos beneficios”, explicó el magistrado presidente del TAFP, Carlos Ayala Montero.

Añadió que “el pago de las primas de antigüedad son prestaciones que están en la ley y que la administración debe hacerle honor cuando termine la relación con cualquier servidor público”.

Montero explicó que las decisiones que hacen son más administrativas, en la que invitan a la institución a resolver en un determinado tiempo el pago de las prestaciones que corresponde.

Desde agosto hasta la fecha, el TAFP acumula entre 80 y 100 casos sobre diferentes reclamos, como son el pago de vacaciones, destituciones, cambio de categoría y ascenso de salario.

Montero mencionó que aunque la mayor cantidad de casos que manejan en estos momentos son las destituciones, las estadísticas demuestran que los reclamos que más llegan en grado de apelación en las diferentes instancias es el de cambio de categoría y ascenso de salario.

Confirmó que, por ahora, no registran avancen en los casos de destitución porque todavía falta nombrar al último magistrado. “La ley dice que para conocer los casos de destitución tenemos que estar los tres magistrados, pero esto no afecta a los otros reclamos”, contó Montero.

El TAFP es el encargado de supervisar el desarrollo de la relación del servidor público que es contratado y nombrado, pero no de la responsabilidad sobre los concursos que se dan dentro de la Ley de carrera administrativa. Aunque el TAFP se creó mediante la Ley 23 de 2017, su materialización no se dio, sino hace cuatro meses.

“Se analizan las sanciones que tienen que ver con capacitaciones, ascensos, licencias, permisos, vacaciones, primas de antigüedad, etc, que son un conjunto de acciones que nosotros podemos conocer en segunda instancia”, detalló Montero.

Osvaldo De La Guardia Boyd, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Administración Pública y Campos (ICAP), calificó la instalación del TAFP como una decisión “muy anhelada históricamente por los servidores públicos”.

“Desde hace muchos años esta era una aspiración de los servidores públicos porque esto ayuda a evacuar los casos que regularmente iban a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora tenemos una instancia intermedia y objetiva, que realmente va a garantizar esa parte que hacía falta”, destacó De la Guardia.

“Nos faltaba este tribunal para fortalecer la administración pública y la democracia en la República de Panamá”, añadió.

El director ejecutivo de ICAP comentó que en la región ya existen varios tribunales, y el de Panamá se suma a la lista. Por lo tanto, apuesta a que el TAFP se fortalezca para que sea un modelo y un ejemplo para la región.

Todo esto es importante, dijo, porque la democracia y gobernanza que tiene Panamá se basan en el rol que juega la ciudadanía, en los temas de la transparencia, rendición de cuentas, que hacen que se empoderen porque saben que la administración pública tiene que ejercerse en función de darle respuesta a las necesidades de la población.

Es por ello que cree que la existencia de los TAFP no solo se basan en atender los reclamos, sino también a crear conciencia y sensibilizar a los servidores públicos, tanto en sus derechos como también en los deberes.

“Entre la ciudadanía y la administración del Estado, a través del gobierno, debe haber una gran vinculación con espacios para diálogo y consenso, ya que de esta forma se fortalece la democracia”, destacó el director ejecutivo de ICAP.

Tanto Montero como De La Guardia brindaron sus declaraciones en el marco de la firma de un convenio, que hicieron este viernes.

Con este enlace de cooperación se inicia una serie de actividades de interés común entre ambas instituciones, con miras a contribuir con el desarrollo del conocimiento académico, científico y tecnológico, en los temas inherentes a la administración pública y sus alcances.

Además, se fortalece el proceso de profesionalización de los servidores públicos y de las instituciones, en el marco de las regulaciones que se acuerden mutuamente ambos entes.

El convenio enfatiza y refuerza el trabajo conjunto en tres grandes áreas: la formación y capacitación; la investigación y extensión; así como la ejecución de proyectos de cooperación de asistencia técnica.

Con esta firma, el TAFP se abre paso para futuras relaciones internacionales, por medio del ICAP, con organismos homólogos, tanto en la región centroamericana como en el resto de Latinoamérica.