Preguntas pendientes tras las reformas electorales 2021

Para referirnos a la propuesta de reformas a la ley electoral actual es imprescindible saber que Panamá realiza cambios al marco normativo electoral de manera periódica. En ese sentido, debemos recordar que, luego de la celebración de elecciones generales, el Tribunal Electoral convoca a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), mecanismo de consulta que tiene sus antecedentes en el periodo posinvasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.

Las críticas a la CNRE se centran en aspectos como su legitimidad, pertinencia, vigencia, relevancia y la capacidad de los representantes de partidos políticos, sociedad civil, sector académico, empresa privada y del propio Tribunal Electoral para influir en la aprobación por los diputados de la República de la propuesta de Ley que surge del consenso logrado en la Comisión.

En la actualidad, con sus fortalezas y debilidades, la CNRE, está reconocida legalmente, ha propiciado la estructuración, evolución del sistema político, el derecho electoral en Panamá y constituye una experiencia única en América Latina.

En ese sentido, el debate en la CNRE ha generado un cúmulo histórico en los últimos treinta años, en temas estructurales: financiamiento político (público y privado), conformación de las circunscripciones electorales (convenientes o no en términos de territorio y electorado) fórmula de distribución de las curules en los circuitos plurinominales (cociente, medio cociente y residuo), más recientemente, las listas de postulación (abiertas, cerradas, con mandatos de posición por género).

Entre otros resultados, corresponde mencionar la regulación y control del manejo de los fondos de campañas electorales sean públicos o privados y el establecimiento de cuotas en el caso de las mujeres.

Sin embargo, aún se mantienen desafíos, por ejemplo, la idea de la financiación como una inversión que genera retornos en votos y contrataciones con el Estado, por mencionar algunos de los efectos del dinero en la política. En este contexto surgen preguntas como: ¿quién o quiénes deben financiar la política, por qué y para qué?

De allí la necesidad de continuar con la inacaba y permanente tarea de fortalecer la regulación de los dineros privados en campañas electorales para, primordialmente, evitar la privatización de la política o la captura de los órganos del Estado por parte de intereses privados o del crimen organizado. Además, legislar sobre ello contribuye a evitar las desigualdades en las competencias electorales, cuestión no menor para legitimidad política y la legalidad en una democracia.

Otro reto para la democracia y los políticos en la actual coyuntura es asumir la complejidad estructural e ineludible ingeniería electoral para crear condiciones favorables en función de lograr una representación política diversa en términos ideológicos, de género, clase y étnico racial.

Lo antes dicho es una preocupación que debió reflejarse en los debates ocurrido en la Asamblea Nacional, partiendo de si el “residuo” es o no una herramienta útil para procurar una democracia más representativa. Lo anterior no ocurrió. Lamentablemente y se tiene que reconocer, nos quedamos con el debate mediático y populista, esperando una reflexión y un entendimiento político que partiera de las contradicciones que genera su existencia y el impacto que tiene en la representación política.

Ni hablar de la paridad. Según datos del Tribunal Electoral, el 50.2 % del registro o padrón electoral son mujeres y ejercen en mayor proporción (52.6 %) el derecho al voto en comparación con los hombres (47.4 %), pero no son postuladas ni electas en igual proporción.

De hecho, la grave subrepresentación histórica de las mujeres en la política panameña, demanda tomar muy enserio -aunque incomode-la frase: “sin mujeres no hay democracia”. Los datos antes expuestos reflejan está realidad como una de las deficiencias de la democracia representativa en Panamá. ¿Cómo se explica la poca presencia de mujeres en la Asamblea Nacional? En una vergonzosa actuación del Estado panameño a través del Órgano Legislativo se niega la implementación de medidas afirmativas como la paridad, ¿estamos las mujeres frente a una violencia estructural e institucional?

¿Pero por qué es incómoda la paridad de género en Panamá? Ocurre que la paridad política, por su propia naturaleza, pone en cuestión el control y ejercicio del poder, todo el sistema político-electoral, la política, la democracia representativa y visibiliza la discriminación estructural e institucionalizada hacia las mujeres que nos mantiene subrepresentadas en una democracia que constitucionalmente se califica como representativa.

Regular el dinero, el diseño de un sistema electoral que incluya la paridad no entra en contradicción con la democracia representativa, con la necesidad de la feminización de la democracia y la política. Al contrario, la robustece. Quizás este sea el temor.