Políticas públicas y aprendizajes

Algo que se ha aprendido a lo largo de los años, es que el ser humano mediante la planificación y el esfuerzo puede transformar el futuro. Este futuro no está escrito ni determinado, puesto que las personas tenemos mucha responsabilidad en su definición, diseño, construcción y resultados. Cuanto más clara es la visión y el conocimiento del objeto y su contexto, mejor informados y coordinados estemos, mayores serán las probabilidades de lograr el cambio propuesto.

Las políticas públicas implementadas mediante la planificación, emergen con mucha fuerza a mediados del siglo XX y sufren su caída en los años 80 con las medidas neoliberales promulgadas por Reagan y Thatcher (Consenso de Washington), que estuvo lejos de cumplir con los resultados previstos; así como también por la caída del Muro de Berlín. A este período se le llamó la “década perdida”, por las fallidas políticas aplicadas por los Gobiernos. A tal punto que, un buen número de países, reemplazaron sus ministerios de planificación pública por entidades que pudiesen manejar la economía, dentro de las exigencias de los ajustes estructurales y de la libre oferta y demanda. Algunos de estos países han intentado retornar a sus modelos de planificación, creando dependencias que aseguren la formulación y el desarrollo de las políticas públicas con un carácter más social y distributivo.

Generalmente, los Gobiernos formulan políticas públicas en educación para tomar decisiones colectivamente sobre problemas o innovaciones deseables dentro del territorio nacional. La política pública en educación está referida al conjunto de objetivos, normas y acciones que impulsa el Estado para producir cambios necesarios, con base en las investigaciones y análisis comparativos internacionales, que comprometen el funcionamiento de diversas instituciones que tienen objetivos convergentes y características similares dentro del sector educativo. Orientando y estimulando a los protagonistas (directivos de centros educativos, docentes, estudiantes, familias, promotores culturales, empresarios privados y grupos políticos, entre otros), para lograr aprendizajes de calidad.

Es decir, es un proceso que impulsa a la colectividad y a las autoridades interesadas en los propósitos de los cambios educativos para el siglo XXI. Lejos de considerarla una intervención racionalista o autoritaria, es un proceso flexible que actúa como un patrón contrario a la burocracia y la ineficacia y en favor de los procesos pedagógicos en las escuelas y las aulas para asegurar aprendizajes inclusivos y de calidad. Toda política pública educativa demanda un proceso de monitoreo y evaluación, que contribuya a conocer los avances logrados, así como los obstáculos presentados y, especialmente, a identificar sus productos o resultados; que deberán ser comparables a los esperados. La información que se obtenga de ambos procesos (monitoreo y evaluación), deben llevar a las autoridades a los diferentes niveles del sistema educativo (macro, meso y micro), a tomar las decisiones indispensables que permitan corregir las desviaciones o realizar las adecuaciones que sean necesarias.

Así, las políticas públicas en educación pueden convertirse en planes estratégicos de mediano y largo plazo, que se hacen operativos mediante los planes anuales (POA) que adoptan diferentes estrategias, como son:

• La descentralización y mayor autonomía de los centros educativos.

• La habilidad de la lectura, escritura y comprensión lectora.

• La formación inicial y continua del docente de alto nivel y calidad (ya se creó el Instituto de Capacitación y Bienestar del Docente. Está pendiente la Universidad Pedagógica).

• La participación de la comunidad educativa escolar en la toma de decisiones administrativas, pedagógicas y de sus vinculaciones.

• El trabajo en equipo, el análisis crítico, la solución de problemas.

• Aprender a conocer y a la investigación en el aula.

• Las aplicaciones de las ciencias, las matemáticas, ingenierías, la robótica.

• El uso de un currículo por competencia, en su planificación, desarrollo y evaluación.

• La atención a la diversidad entre los estudiantes (discapacidades, dificultades para aprender, las condiciones étnicas, de pobreza y oportunidades educativas).

• El uso de métodos activos y la interacción del docente con sus alumnos.

• Los ambientes escolares estimulantes y dotados de herramientas tecnológicas.

Las políticas públicas en educación deben tener un ciclo de vida que vaya más allá de los cinco años del Gobierno de turno. Estamos en el momento apropiado para que, los candidatos a puestos de elección, asuman un compromiso con la transformación de la educación del país.

Un factor significativo a considerar en los sistemas educativos, son los procesos y efectos destructivos que tuvo la pandemia en Panamá y en el mundo. El abandono escolar y la pérdida de los aprendizajes, se cuentan entre los problemas de mayor notoriedad en esta grave crisis causada por la COVID-19 durante los años 2020, 2021 y 2022.

La encuesta aplicada por Summa (2022), a los docentes de 21 países de alc (cerca de 200 000), determinó que cerca del 95 % tuvo que utilizar educación a distancia, en algún momento de la pandemia y que la asistencia a clases de los estudiantes disminuyó sensiblemente. La gran mayoría de los docentes expresó que los riesgos en los aprendizajes fueron mayores en la educación secundaria (premedia y media en Panamá) que en la primaria. Un elevado porcentaje de los docentes se vio obligado a realizar adaptaciones curriculares para paliar los rezagos en sus estudiantes. Hubo problemas en la salud mental en los estudiantes y docentes, dados por las condiciones de confinamiento, de violencia en el hogar; así como la preocupación por la salud de las personas de su entorno familiar.

Frente a este crítico panorama, que compromete el futuro de los estudiantes y de la nación panameña, la elaboración y aplicación de políticas públicas en la educación con las características señaladas, debe convertirse en la opción gubernamental prioritaria. El diseño de un plan estratégico con indicadores precisos a partir de una evaluación con bases bien formulada, debe contribuir a trabajar en cada región educativa, sus escuelas y docentes, mediante estrategias efectivas para la recuperación de los aprendizajes; así como en la reinserción de aquellos estudiantes que han abandonado las aulas de clases. Existe suficiente información disponible sobre las intervenciones exitosas en otros países que bien podemos aplicar, con sus adecuaciones, para mejorar la educación de Panamá.

Nuestro país no puede permitirse un paso más en la dirección equivocada que nos conduzca hacia la desigualdad; que propicie la ampliación de la brecha entre los pocos que mucho poseen y los muchos que carecen de los medios básicos para aprender y vivir dignamente.