Políticas orientadas al desarrollo de energías renovables

Los Gobiernos de Panamá han reconocido que la energía es un punto clave para el desarrollo económico, social, ecológico y político sostenible del país, ya que recientemente se ha aprobado un Plan Energético Nacional (2015-2050), para sustentar y legitimar las leyes con políticas específicas que ordenan el rol de la generación de energía a los inversionistas privados; la trasmisión de energía a la propiedad pública y la distribución de energía y su administración a una relación público-privada legalmente sustentada. Estas han sido las intervenciones de política pública más importantes recomendadas, luego de muchos años de experiencias, consideradas ahora como resultados finales satisfactorios.

Hoy día, el país cuenta con un 64 % de infraestructura de energías renovables y con un 14 % de estas para generación eléctrica con base a solar y vientos. Esto supone un aumento para 2050, con el objeto de contrarrestar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que el país debe importar y que la gente debe sufrir. Hay que recordar que, después de la crisis energética de 1973, se creó la Agencia Internacional de Energía para reducir la intensidad energética de la economía mundial, lo que significa alcanzar el mismo bienestar de las sociedades con menos energía. Este objetivo es importante, porque al principio del siglo XX los combustibles fósiles constituían el 60 % de la energía total utilizada. Este total es en el siglo XXI el 90 % y sus bajos precios atentan contra su sustitución por energías renovables.

Panamá ha reducido su intensidad energética en un 40 %, debido a la prominencia del sector servicios y a la baja contribución relativa de la agricultura y la industria al PIB nacional. A pesar de estas condiciones, se ha promovido la inversión en las modernas tecnologías relacionadas con el uso de las fuentes de energías del Sol y de los vientos, entendiendo que estos no producen gases de invernadero y también debido a que tienen potencial para producir grandes cantidades de energía por mucho tiempo, representando la posibilidad de independencia y seguridad energéticas.

Es importante democratizar y descentralizar la generación y distribución en ciertas partes de la geografía nacional, por ejemplo, a lo largo de la vertiente del Caribe y la parte oriental de la provincia del Darién, así como también Coiba (solar), San Miguel, Bocas del Toro y otras islas, para bajar el costo de la electricidad a los consumidores y obviar el pago de subsidios por parte del Estado. Esta política incrementaría la seguridad energética para el desarrollo sostenible y disminuiría la dependencia de inversiones costosas en líneas de trasmisión o en generación termoeléctrica.

Otros desafíos que el país debe enfrentar son: realizar una campaña nacional para restringir el uso irracional e ineficiente de la energía; disminuir los subsidios estatales; conservar las cuencas hidrográficas y los bosques naturales y que se reforestaren las estribaciones de la cordillera central hacia el Pacífico (1.2 millones de hectáreas de suelos degradados); producir biomasa y generar mucho empleo rural; expandir el transporte público con electricidad; sustituir el uso del bunker y del carbón mineral por gas natural; mejorar la planificación urbana; movilizarse en vehículos más eficientes; educar e informar al público en general acerca de la importancia de la energía en el desarrollo nacional. Todos los países deben considerarse en guerra contra las emisiones de CO2eq (incluye otros gases tales como el monóxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno).