Panamá: racismo y discriminación

Actualmente, en nuestro país, existen manifestaciones de racismo y discriminación muy marcadas hacia los pueblos originarios, afrodescendientes, ciudadanos de origen asiático, colombiano, dominicano y otras nacionalidades, así como a la persona con una preferencia sexual diferente.

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, en el caso de Panamá, ha mostrado su preocupación por la falta de una disposición general que prohíba la discriminación de tipo racial, además critica la ausencia de tipificación de los actos de discriminación como delito y recomienda, teniendo en cuenta que estas malas prácticas están profundamente arraigadas en Panamá, al Gobierno nacional que elabore programas educativos y culturales que aporten un análisis crítico de la historia, para que las nuevas generaciones aprendan, en su justa dimensión, el valor de estas y contribuyan a crear un clima de mayor entendimiento y respeto entre todos los panameños y extranjeros que viven en nuestro país.

Además, este grupo de trabajo de la ONU recomendó al Estado panameño promulgar una legislación integral contra la discriminación y el racismo, donde se establezcan sanciones civiles y penales adecuadas para los actos de discriminación cometidos tanto por personas públicas como privadas. Además, se consideró que, para eliminar la discriminación racial, en primer lugar, es importantes sugerir al Estado panameño DEJAR DE NEGARLO Y ACEPTAR SUS MALAS PRÁCTICAS.

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americana (OEA) adoptó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia y también adoptó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Con la adopción de estas convenciones, se concluye con la tarea iniciada en el año 2000 por los Estados miembros de la OEA, cuando la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que estudiase la necesidad de elaborar un proyecto de convención para prevenir, sancionar y erradicar estas malas prácticas.

Destacó que el instrumento hemisférico elabora una definición jurídicamente vinculante de racismo, discriminación múltiple o agravada y la intolerancia; propone además proteger a todo ser humano contra este flagelo, tanto en el ámbito público como privado.

La pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente vinculados con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras prácticas conexas de intolerancia, que contribuyen a la persistencia de actitudes racistas, lo cual está generando más pobreza marginación, exclusión y falta de oportunidades por estas nefastas prácticas.

En función de esos compromisos, Panamá ha recibido recomendación de los Órganos de Supervisión de tratados de Derechos Humano de Naciones Unidas, y ha asumido compromisos en el proceso del Examen Periódico Universal, tendiendo a lograr que nuestro país apruebe una legislación penal específica, de conformidad con el artículo 4 del Ciedr.

En el ámbito interno de nuestro país, en materia de no discriminación, se han creado dos leyes, la Ley No. 16 de abril de 2002, mediante la cual se regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dictas otras medidas, y la Ley No. 11 del 22 de abril de 2005, que prohíbe la discriminación laboral y adoptan otras medidas. Sin embargo, ambas leyes no se tipifican como delito punible ni se implementan ni cumplen con los estándares y mandatos internacionales.

Por otro lado, en nuestro país, a quienes más se les violan los derechos humanos es a los pueblos originarios Ngäbe y Buglé, esto sucede constantemente ante la indiferencia de las autoridades competentes. A diario, se ven, en las redes sociales, en los centros de trabajos en Tierras Altas, ciudad de David, oriente chiricano, áreas bananeras, cultivo de caña y áreas ganaderas el marcado racismo y discriminación, son inútiles las demandas ante los juzgados de trabajo y las quejas ante la Defensoría del Pueblo.

La justicia panameña dirigida a los pueblos originarios ha sido, en el pasado y en el presente ciega, sorda, muda, excluyente, clasista, racista y de discriminación; no se vislumbra para el futuro mejoría, si no se hacen los correctivos correspondientes.

Panamá ha ratificado convenios, convenciones, declaraciones, cumbres de jefes de Estados, diversas resoluciones, acuerdos de normativas del derecho internacional de los pueblos indígenas, sin embargo, los pueblos originarios se sienten huérfanos de protección en materia de derechos humanos por parte del Estado panameño, por el poco interés por la implementación de los instrumentos nacionales e internacionales.

La sociedad panameña, en su mayoría, tiene el 48 por ciento en su sangre de genes indígenas, después le siguen los genes de afrodescendientes, el 35 %, y el resto pequeños porcentaje de inmigrantes y persona de origen caucásico, blancos de origen europeo, según estudios realizados por la Universidad de Panamá, a través del Instituto del DNA y del Genoma Humano, por lo cual no comprendemos que -en pleno siglo XXI, era del conocimiento tecnológico y científico, viajes y conquista espaciales, la llegada de la inteligencia artificial, nuestro país se declara como país crisol de razas- existan personas con genes o sangre indígena que tengan ideas de racismo y discriminación, o sea, que se discriminen a sí mismas.

Concluimos: URGE la creación de una Defensoría del Pueblo exclusivamente para atender a indígenas y afropanameños, URGE una ley que tipifique como delito punible las prácticas del racismo y discriminación y URGE crear una fiscalía indígena para atender estos temas de violación de los DDHH a los grupos más vulnerables del país.

Esperamos su atención a la presente inquietud, para el bien de todos los panameños.