Panama Ports, un buen negocio para el país

Realmente no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. De nada vale la montaña de argumentos ni de hechos contundentes, porque, ante la cerrazón, no hay llave capaz de abrir la puerta. Sin embargo, no se pierde nada en hacer un esfuerzo argumentativo para tratar que los obstinados entren en razón.

En el debate que en los últimos días ha ocupado a los medios con intereses creados sobre la prórroga automática, como establece la Ley, del contrato de concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), hay articulistas que escriben, como decía Cantinflas, con “falta de ignorancia”. Un tema tan importante para un país debe ser abordado en forma responsable.

Poco antes de la reversión en 1999 del Canal a manos panameñas, se inició un proceso de desarrollo portuario con la concesión, no privatización, de los puertos en ambas riberas de la vía interoceánica. Por el volumen de la inversión requerida y los largos plazos de recuperación, esas concesiones se otorgaron por periodos de 40 y 50 años. Dos fueron renovadas en la administración anterior, en algún caso, en solo 24 horas, mientras que la prórroga automática de PPC, se dio la semana pasada, luego de casi un mes de análisis por parte de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Para tomar esa decisión, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se asesoró con la prestigiosa firma jurista Arnold & Porter Kaye Scholer, con sede en Washington. Tras hacer un análisis del Contrato-Ley entre el Estado y PPC, esa consultora especializada concluyó que la vigencia de la concesión es por 50 años y que la empresa, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, cumplió con los términos para la prórroga automática.

Simultáneamente, la Contraloría General de la República (CGR) inició un audito de las operaciones de PPC que abarcó desde 1997, fecha de la concesión, al 2020. La principal institución fiscalizadora del Estado concluyó que la concesionaria cumplió en forma sustancial con las obligaciones del contrato y que en ese periodo no solo aportó al Tesoro Nacional $445 millones, sino que superó en casi $700 millones las inversiones contractuales, hasta sobrepasar los $1695 millones.

El audito determinó que, en dos décadas, PPC aportó a la economía nacional $5935 millones en inversiones realizadas, pagos al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias. Esa suma, certificada por la CGR, incluyó $1100 millones en salarios a trabajadores, $255 millones a la CSS en cuota obrero-patronal y $395 millones pagados a contratistas.

La CGR estimó en su informe que PPC ha tenido utilidades por poco más de $900 millones en dos décadas de operaciones en los puertos concesionados y que, tras pagar los primeros $8 millones en dividendos, quedaba un saldo pendiente de $83 millones, como parte del 10 % de la participación accionaria del Estado en la empresa.

En las negociaciones entre la AMP y PPC, la concesionaria acordó pagar los dividendos pendientes y, en lo que consideró como un “aporte liberal”, entregó un total de $165 millones, convirtiéndose en el mayor pago de dividendos jamás alcanzado por una administración gubernamental. “De todas las concesionarias, Panama Ports ha sido la que más ha aportado al Estado, porque ninguna de las otras concesionarias devuelve dividendos”, declaró la AMP.

Por otro lado, bajo los términos acordados para la prórroga automática del contrato de concesión, la AMP logró que PPC le adelante al Estado los dividendos calculados de las utilidades de los cinco años de la presente administración con un mínimo estimado de $7 millones anuales, lo que significan $35 millones en forma anticipada, algo extraordinario en cualquier operación mercantil.

De acuerdo con las proyecciones de la AMP, la empresa concesionaria aportará al Estado $816 millones en los próximos 25 años de contrato, lo que, sumado a los $445 millones en la primera fase de concesión, significarían $1261 millones en pagos a la economía nacional solo en concepto de dividendos y movimiento de contenedores. Además, al término del contrato, en el 2047, toda la actual infraestructura portuaria de Balboa y Cristóbal, junto con las nuevas inversiones que se realicen en los próximos años, pasarán en su totalidad al Estado panameño.

Sin embargo, ante la avalancha de argumentos y cifras contundentes que demuestran que el país logró un acuerdo histórico con PPC, los críticos de los compromisos alcanzados persisten en su intencionalidad manifiesta de cuestionar sin fundamento los compromisos alcanzados y ocultar información en forma deliberada, tratando de violentar la seguridad jurídica y desconociendo los términos del Contrato-Ley. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír.