OCDE: ¿Nos sentamos a la mesa o seguimos siendo el menú? I

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo multilateral que, hoy día, cuenta con 38 miembros, cuyo objetivo fundamental es promover la expansión de estas economías de libre mercado y el comercio internacional, representando el foro económico multilateral por excelencia en el mundo occidental.

Es innegable que la relación de Panamá con la OCDE ha sido escabrosa, apasionada y, sobre todo, muy debatida a lo largo de los años. Por mi parte, he sido muy crítico tanto con la injusta agenda que la OCDE ha desplegado contra Panamá, como con la forma como Panamá ha respondido a dicha agenda. Habiendo dicho esto, creo que mis varias décadas ligado, directa o indirectamente, a las relaciones económicas internacionales, me permite hacer una crítica constructiva de esa relación y compartir lo que considero debería ser la forma más objetiva para promover y proteger los intereses nacionales en relación con ese organismo multilateral con el que, guste o no, Panamá debe interactuar.

Desde que en el año 2001 el Gobierno de Panamá comunicase su voluntad de participar en el Foro Global de Cooperación Fiscal Internacional de la OCDE, sobre la base de un marco equitativo, entre los miembros de la OCDE y los demás participantes en dicho Foro, Panamá ha sido objeto de “listas” y medidas unilaterales e inamistosas que, con el paso de los años, han ido afectando tanto la competitividad y atractivo de los servicios internacionales panameños como el tamaño y matriz de este sector. Todo ello fue desplegado, de diversas formas, en nombre de un derecho absoluto para los miembros de la OCDE -entre ellos la mayoría de los miembros de la UE-, de recaudar sus impuestos, dentro y fuera de sus fronteras, aún a costa de imponer no sólo sus políticas, sino sus modelos tributarios.

Ha sido sobre estos principios que ha girado mayormente la relación, el debate, y las imposiciones entre la OCDE y Panamá, dejando por fuera, en mi humilde opinión, lo que el derecho internacional público, o el derecho comercial internacional, puedan decir al respecto de esta forma de actuar. Sobre este punto, quisiera recordar la ya olvidada iniciativa legal de Panamá cuando, en 2012, presentó un proceso en el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, contra la “lista de paraísos fiscales” de Argentina, que se ganó, sentando jurisprudencia en la materia, para luego ver a nuestras autoridades ceder, en 2015, ante ese país que, por cierto, mantuvo una agenda “poco amistosa” hacia Panamá. Nuevas acciones como esta en la OMC y, quizás, alguna ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no deberían ser descartadas como parte de la acción internacional para defender los intereses nacionales frente a actores que insisten en imponer, y no negociar, con respeto y equidad, con Panamá.

Durante todos estos años, las diversas administraciones panameñas desplegaron una agenda enfocada más en implementar las imposiciones exigidas desde la OCDE y foros bilaterales y multilaterales afines, que, en una agenda para defender y negociar una relación entre Panamá, la OCDE y los otros foros. No hay duda de que la economía panameña, sus instituciones y sus leyes no se desarrollaron para “servir” o “propiciar” prácticas y delitos ilegales en perjuicio de terceros países. Bien es cierto que nuestro país adolece de muchos defectos y que tanto delincuentes locales como internacionales se han podido aprovechar de ellos; sin embargo, otro tanto ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo también entre Estados miembros de la OCDE, y fuera de dicho organismo, a los que no se les ha aplicado ni la mitad de las medidas unilaterales ni la mala prensa que ha sufrido Panamá.

Al final, lo que en Panamá debemos lograr, juntos como nación, es defender y promover los intereses nacionales. La pregunta entonces es: “¿Cómo hacerlo?”. Para mí, la respuesta habla de política realista, de “realpolitik”. La misma que le sirvió a Panamá en su intenso y extenso proceso de transformación económica y comercial para adherirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1997. Es, precisamente, en ese proceso nacional en el que Panamá debería mirarse para determinar cómo enfrentar la realidad económica internacional en torno a la OCDE.

Señalo lo anterior porque soy un firme convencido de que Panamá no puede dilatar más su incorporación a la OCDE, de la misma forma que lo hizo, a inicios de la década de los años 90 del pasado siglo XX, para incorporarse a la naciente OMC con el objetivo de evitar que el país quedase aislado económica y comercialmente, aun cuando dicho proceso de incorporación e implementación posterior supusiera sacrificios y cambios al modelo económico nacional que, por cierto, han generado el mayor período de crecimiento económico de la historia del país.

Es conocido por cualquier negociador comercial internacional con experiencia el principio siguiente: “si no estás sentado a la mesa, eres parte del menú”. La idea detrás de este concepto es que, si un país no se sienta a negociar sus intereses en aquellos foros en los que se toman decisiones sobre los mismos, otros actores -los que sí están sentados a la mesa de negociación-, van a decidir sobre aquellos intereses, es decir, formarán parte del menú del que escogerán “qué comer”. Un escenario muy similar es el que se le presenta a Panamá cuando se habla de la OCDE.

Mucho hemos oído a diversos actores de la política o la economía, afirmar que “a Panamá no le conviene ingresar a la OCDE”, o que “hablar de ingresar a la OCDE supone renunciar a la soberanía” y, como contrapartida, plantean la formación de comisiones para la defensa de los servicios internacionales, así como la aplicación de medidas de retorsión a aquellos países que mantienen a Panamá en listas discriminatorias. Esa no es la solución. La mejor defensa pasa por entender que para que Panamá pueda promover y defender su buen nombre y su economía, y así dejar de ser “parte del menú”, debe poder “sentarse a la mesa”. Para ello, debe plantear su ingreso formal a la OCDE, máxime cuando soy de la opinión que reúne, de salida, gran parte de los requisitos necesarios y estaría en una mejor posición de lo que estuvieron miembros actuales como Costa Rica o Colombia.

El ingreso de Panamá a la OCDE es conveniente si se quiere dotar al país de las condiciones para afrontar las nuevas realidades de la economía y comercio mundial. Es la OCDE la que marca las pautas y la guía a las economías más abiertas y competitivas del mundo en materia de comercio, tecnología, energía, seguridad, educación, finanzas públicas, banca, tributación y políticas fiscales, trabajo, medio ambiente, salud y muchas otras áreas. Es desde la OCDE de donde emanan las bases de las acciones de mayor envergadura política y económica adoptadas por foros como el G7 o el G20, y sirve de referencia en otros. Nos guste o no, Panamá se ve afectada por todo ello sin poder participar activamente en su formulación, como sí lo hacen aquellos miembros de la OCDE con los que Panamá tiene establecidas áreas de libre comercio de bienes, servicios e inversiones -e incluso, en algunos casos, tratados para evitar la doble tributación-, como Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 24 de los miembros de la Unión Europea (UE), 3 de los miembros del área de libre comercio europea (EFTA), Corea del Sur, México, Chile e Israel, o como es el caso con nuestro vecino y socio comercial Colombia, o como lo harán, una vez completen sus procesos de adhesión, otros socios como son Perú, Brasil o Argentina en nuestro continente, o Bulgaria, Croacia y Rumania en la UE. Si los socios preferenciales de Panamá son ya, o van a ser, miembros de la OCDE, ¿por qué no debe y no puede serlo Panamá?

No me cabe la menor duda de que un eventual ingreso de Panamá a la OCDE supondrá importantes mejoras para el país en muchos aspectos. La mejora de la imagen, credibilidad y prestigio nacional, el fortalecimiento institucional y judicial, la transferencia de conocimiento y mejores prácticas en múltiples políticas públicas; la mejora en la calificación de los indicadores macroeconómicos, el fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas con sus socios estratégicos, o una mejora en el posicionamiento geopolítico en el contexto internacional, serían claros resultados de un ingreso a la organización. No es materia de debate que dicho proceso será largo, y no será fácil por los cambios estructurales que supondría, como tampoco lo es que Panamá tiene mucho que ganar y poco que perder si decide, con sentido de Estado, plantear formalmente a la OCDE su deseo de iniciar conversaciones para lanzar las negociaciones con miras a su adhesión. Si países cuyas economías son estructuralmente menos competitivas que la panameña pudieron alcanzarlo, no existe razón alguna para que Panamá también pueda y menos aún para que los Estados miembros de la OCDE no quisieran al país por miembro. Este proyecto es sólo cuestión de ambición, de política realista, “realpolitik”, y de una diplomacia pragmática. Creo que Panamá cuenta, hoy en día, con el liderazgo requerido para guiarlo a buen puerto y hacer con ello historia “de la buena” para Panamá.