Minera Panamá: terremoto 6.9 escala Richter

Además del inmenso derrame que el rompimiento de una tubería está causando en ríos de Coclé y Colón, que investiga MiAmbiente, los líos de la canadiense First Quantum Minerals, Ltd., van en ascenso. Lo que está pasando en Panamá afecta dramáticamente el precio de sus acciones y el valor de la compañía. El lío no se circunscribe al ridículo 2 % que nos dan de regalías.

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) marcó el punto final a la retahíla de recursos dilatorios que interpuso First Quantum/Minera Panamá/Cobre Panamá, a través del MICI, con Varela, acérrimo defensor de la minera, y sus abogados para impedir que surtiera efecto el fallo del 2018 que declaró inconstitucional el Decreto Ley 9 de febrero de 1997, que otorgó la concesión minera a esa empresa. Les llegó su hora, como al puerco de San Martín.

Las protestas ante la famosa “Ley Chorizo”, que saldó en Bocas del Toro con muertos y heridos, se originaron con el intento en febrero del 2011, por la administración Martinelli, de cambiar leyes mineras para permitir que empresas de Gobiernos extranjeros pudiesen ser parte en Panamá de los negocios de explotación minera. En ese tiempo todavía Martinelli cogobernaba con Varela.

Aprobada la ley, Martinelli llamó al presidente surcoreano, Lee Myiung-Bak. Celebraba que su Gobierno ya podía invertir en Panamá. Seguro no lo llamó, semanas más tarde, para informarle que, ante la presión social, tuvo que echar para atrás. Derogada un mes después, esa ley fallida cambiaba lo dispuesto en el Código de Recursos Minerales en sus artículos 4 y 5 que señalan:

“Artículo 4: No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrá ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los que a continuación se mencionan: Los Gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún Gobierno o Estado extranjero.

“Artículo 5: Ni los Gobiernos extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún Gobierno o Estado extranjero, podrán adquirir, poseer, o retener, para uso en operaciones mineras, ningún equipo o material sin permiso previo y especial otorgado mediante decreto expedido por el presidente de la República con la firma de todos los miembros del gabinete”.

Querían permitir que empresas del Gobierno de Corea del Sur fueran parte del negocio minero en Panamá. Olvidándose Martinelli del artículo 3 de la Constitución Nacional:

“Artículo 3: El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo con los tratados limítrofes celebrados entre Panamá y esos Estados. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”.

Esa “Ley chorizo” habría sido declarada inconstitucional por la CSJ. No bastaba, como pretendió Martinelli, reformar la Ley Minera sin antes efectuar un cambio constitucional que permitiera inversión de empresas estatales extranjeras en propiedad de cualquier mina en Panamá.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Minera Panamá y su propietaria canadiense de capital y origen sudafricano First Quatum Minerals, Ltd?

De acuerdo con los registros de los accionistas de esa empresa que aparecen en la Bolsa de Valores de Canadá, son accionistas de First Quantum Minerals empresas estatales de China (Jiangxi Copper) y Singapur (Temasek, empresa estatal de inversiones de Singapur). A nivel local, Corea del Sur tiene el 10 % de las acciones de Minera/Cobre Panamá (empresa conjunta surcoreana Korea-Panamá Mining Corp, donde están Nikko Copper Inc y la estatal Korea Resources (Kores). Ambas situaciones son inaceptables, porque violan la norma constitucional y el Código de Recursos Minerales, además de que podría suscitar una nulidad sobrevenida de la relación contractual de First Quantum con Panamá. Además, por lo complaciente que han sido las autoridades, podrían originar denuncias penales contra los funcionarios que, por acción u omisión, han permitido estas flagrantes violaciones.

Hasta el pasado 20 de julio, las pérdidas en los mercados bursátiles, como consecuencia de la decisión de nuestra CSJ, ocasionadas a los inversionistas y mineros canadienses/sudafricanos/surcoreanas/singapurenses/chinos, podrían ascender a $5000 millones.

Es hora de que Panamá, ante el inmenso valor de sus recursos minerales, tome el control de tales bienes naturales. La decisión que adopte la Administración Cortizo hará la diferencia y será determinante en un esperanzador futuro económico para el pueblo panameño. O, se dejará perder esta oportunidad para salir de la pobreza y el subdesarrollo.