El futuro incierto del caso Odebrecht

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, que se ha convertido en un emblema de la lucha contra la corrupción en América Latina, se encuentra en una situación crítica debido a los continuos aplazamientos. Estos retrasos han generado alarma ante la posibilidad de la prescripción del delito por blanqueo de capitales -y otras situaciones que complican el desarrollo de la audiencia - lo que permitiría que los 31 acusados eviten enfrentar las consecuencias de sus supuestas acciones.

A pesar de la relevancia de este caso, que implica a altos funcionarios y empresarios que habrían recibido millonarios sobornos, las maniobras procesales, la pérdida de competencia del juzgado, las notificaciones, y el veto de pruebas relevantes suponen un futuro incierto para el caso Odebrecht en Panamá.

Recientemente, el magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Tribunal Supremo de Brasil declaró la inutilidad de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day -conocidos como la Caja 2- así como los testimonios de ejecutivos de la constructora, todos utilizados en el marco del acuerdo de colaboración de la constructora Odebrecht efectuado en Brasil por solicitud de varios imputados. Los beneficiados por la decisión del magistrado brasileño que se conocen hasta ahora, son Juan Antonio Niño, Ricardo Francolini y los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. No obstante, es muy probable que el resto de los acusados se beneficien con la decisión del magistrado Toffoli, lo que obligará a la fiscalía a cambiar su estrategia y buscar nuevos recursos para probar el esquema de sobornos que empleó la brasileña en Panamá a cambio de más de $13 mil millones en obras de infraestructura.

Esto significa que las declaraciones que obtuvo la Fiscalía bajo acuerdo de colaboración firmado con exejecutivos de la constructora brasileña no puedan ser tomadas en cuenta durante la audiencia, a pesar de que formaban parte de la lista de testigos infalibles de la fiscalía durante el juicio. Por ejemplo, impediría que la delación de André Rabello, jefe de la filial en Panamá, el hombre que conoció los rostros y montos de los políticos y funcionarios a quienes iban dirigidas las coimas a cambio de proyectos o para agilizar el desarrollo de estos se escuche durante el juicio. Otra figura clave en la lista de testigos de la Fiscalía era Hilberto Mascanrenhas, encargado de los libros secretos de la constructora (2006-2015) como responsable del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE). Esta división hizo pagos paralelos a través de una red de sociedades anónimas que pretendían esconder el rastro del dinero.

En el repertorio de delaciones también se contaba con la información que aportaría Olivio Rodrigues, proveedor de servicios externos de la empresa (2006-2016), quien a través de las sociedades Constructora Internacional del Sur y Select Engineering, ejecutaba las órdenes del DOE para beneficiar con millones a funcionarios y políticos de Latinoamérica, incluido Panamá. Fernando Migliaccio, por su parte, también rindió declaración a la Fiscalía bajo el Acuerdo de Cooperación y Pena como responsable de hacer los pagos paralelos de la Caja 2. Migliaccio confesó que el 100% de los pagos efectuados por el DOE fueron ilegales y reveló a las autoridades de Brasil que en seis años realizó transacciones por más de $3,500 millones, una parte eran coimas directas y otra se efectuó a campañas políticas.

Luis Eduardo Da Rocha Soares, quien previamente firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, admitió el pago a cuentas suministradas presuntamente por políticos que presuntamente se efectuaron durante 2011, 2012 y 2013. El exejecutivo mencionó varias sociedades anónimas que se usaron como canal para transferir las coimas a políticos panameños.

Las consecuencias de la decisión del magistrado Dias Toffoli podrían estar relacionadas con el aplazamiento de la fecha de la audiencia ordinaria -que se iniciaba hoy- a la espera de asistencias judiciales por parte del juzgado, procedentes de Estados Unidos y México, para la evacuación de las pruebas. El viernes pasado, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales liderado por la jueza Baloísa Marquínez comunicó el cambio de la audiencia para el 20 de enero de 2025, la fecha alterna programada previamente.

Otra dificultad que enfrentará el juzgado será notificar al expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá. Antes del aplazamiento de la audiencia el abogado Carlos Carrillo, defensor de Martinelli, indicó a La Estrella de Panamá que su cliente no había sido notificado por los canales correspondientes para asistir a la sesión que se efectuaría hoy. “Formalmente no ha sido notificado. Se deben seguir las normas de derecho internacional para notificar de conformidad a la Convención de Habana, Montevideo. Por tanto las autoridades judiciales deben notificar a Ricardo Martinelli de acuerdo a los convenios internacionales”, dijo el viernes.

Por otro lado, tanto el expresidente Juan Carlos Varela, como los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los hermanos Martinelli Linares fueron condenados a 36 meses de prisión (mayo de 2022) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos por su papel como intermediarios en un masivo esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado a Odebrecht.

Juzgar a estos tres políticos será una labor titánica para los magistrados de la CSJ considerando que el expediente consta de más de mil tomos, que se traducen en más de un millón de fojas, que deberán leer y evaluar los nexos de los hechos que vinculan a los citados en el caso para dirimir su responsabilidad en el esquema de sobornos. Esto, con el agravante de que la investigación de la fiscalía Anticorrupción se elaboró bajo las normas del sistema mixto inquisitivo, mientras que los magistrados deberán emplear el sistema Penal Acusatorio. Penalistas ya adelantan un posible laberinto legal.

Otro problema que enfrenta este ambicioso juicio es la prescripción del delito de blanqueo de capitales, 12 años. Término que empieza a correr desde la fecha en que el imputado recibió la primera transferencia. Considerando que la investigación de la fiscalía se centra en el gobierno de Martinelli (2009-2014) muchos abogados de la defensa se apresurarán a solicitar a la jueza la prescripción del hecho. Durante la audiencia preliminar celebrada en septiembre de 2022, Marquínez se vio obligada a dejar sin efecto el delito de corrupción de servidores públicos.

El colofón en toda esta trama de corrupción es que el Estado aún no ha podido cobrar a la empresa Odebrecht la multa que se comprometió a pagar, $220 millones como parte del acuerdo de colaboración que firmó con la Fiscalía Anticorrupción en 2017.

Expertos y organizaciones de la sociedad civil advierten que las expectativas generadas en la presente investigación versus la incierta conclusión del caso en los tribunales, podrían significar un golpe a la confianza pública en el sistema judicial panameño y prevalecería la percepción de falta de certeza del castigo, que socavaría los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la justicia en el país.