La manera oscura de gobernar

Ha quedado en evidencia la manera ausente y oscura de gobernar del presidente Laurentino Cortizo en esta etapa de presentación de posiciones en la Asamblea Nacional sobre el contrato aprobado por el Concejo de Gabinete para firmar con la empresa Minera Panamá.

Lo que hemos presenciado hasta el momento está lejos de ser un debate, definido este como un intercambio organizado y argumentado de ideas o puntos de vista, de manera oral o escrita, que se lleva a cabo entre grupos o personas que tienen diferentes opiniones y reacciones sobre un tema en común, donde, aunque es probable que las partes no cambien de parecer, estas puedan conocer y comprender lo que las otras personas piensan.

Ante la falta de una moderación seria e imparcial del debate, donde el diputado Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, ya se ha manifestado de manera pública, y para muchos hasta descarada, a favor de la minera; ante la ausencia irrespetuosa de la mayoría de los miembros de la comisión al momento de las presentaciones; y ante la mezcla de temas y la falta de una lógica y de reglas claras en la metodología más allá del tiempo permitido a cada orador, el proceso ha tenido por momentos visos de sainete por razón de las condiciones descritas y que han impedido una discusión adecuada del tema.

Así, la presentación de los diferentes presentadores, de ambas partes, ha sido un ejercicio de descarga de opiniones y sentimientos, algunas llenas de erudición, otras, llenas de animosidad y emociones, la mayoría de estas en defensa comprensible de los intereses individuales de quienes se benefician ahora de manera directa o indirecta de las operaciones mineras, otras, con un alto grado de sospecha de querer simplemente apoyar al Gobierno.

En la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se han mezclado dos temas, uno precedente del otro, situación que estoy seguro no ha pasado desapercibida para el Gobierno y sus múltiples asesores. En su vocación para minimizar el alcance del tema e incluso, hasta ignorar la participación ciudadana, el Gobierno ha preferido generar un riesgoso clima de confrontación entre los panameños, en claro menosprecio de los mejores intereses del país y sus ciudadanos.

El primer punto es si Panamá debe ser un país minero y en qué dimensión, términos, condiciones e impactos se permitiría esta actividad en nuestro territorio y cómo se relacionaría cualquier proyecto minero con nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente en virtud de las políticas públicas establecidas resultantes de la consulta antes mencionada. Una vez decidido esto y, asumiendo que el referendo fuera favorable a la minería, entonces pudiéramos pasar a evaluar si un contrato minero es conveniente o no para Panamá, en función de los términos y condiciones ya establecidos en nuestras leyes y códigos y la propuesta que se presenta.

Nunca ha sido aconsejable anteponer la carreta a los bueyes, pero peor resulta que un Gobierno, por muy representativo que este sea, o que este se crea, pretenda tomar decisiones tan profundas y trascendentales para el país y sus habitantes como el desarrollo minero, sin una consulta específica para tales fines y sin un verdadero apoyo popular a la presencia de empresas que se aprovechen de un recurso que, por definición constitucional, pertenece al Estado, independiente de la manera de explotación que se decida.

En esa manera oscura de gobernar particular de este Gobierno, donde el poder y la política se asocian para comer del mismo plato, como ejemplo, se esconden las actas del Concejo de Gabinete, se desconocen las gestiones y los negocios de palacio, algunos a favor de amigos, familiares y candidatos, otras en contubernio con gremios y figuras empresariales a cambio de favores y beneficios particulares. En esas circunstancias es imposible que se reconozcan los derechos ciudadanos de las mayorías y se gobierne pensando en el bienestar de todos los panameños. Triste realidad, peores consecuencias.