Mosquitos y maíz transgénicos en Panamá

H ace un par de semanas un grupo de ambientalistas en Costa Rica llevó a cabo una caminata de varios cientos de kilómetros hasta su capital para protestar contra la introducción de maíz transgénico a ese país. En cambio, en Chile se aprobó hace poco una ley para permitir el ingreso masivo de semillas transgénicas, y en Bolivia gremios de agricultores y avicultores obligaron al presidente a modificar una ley que impedía la importación de semillas transgénicas. En Panamá se anuncia la importación de mosquitos transgénicos para combatir la proliferación del Aedes aegypti, soltando machos modificados genéticamente para que produzcan crías no viables.

El asunto de los transgénicos es controversial con aristas beneficiosas, desventajosas y desconocidas. Unos alegan que son la esperanza para satisfacer necesidades alimentarias del mundo porque así se pueden producir más y mejores alimentos; otros, que perjudican la salud humana y el medio ambiente, y que nos hacen dependientes de las grandes empresas transnacionales que pueden producirlos. Como gran parte de las carnes, frutas y verduras que se consumen en el mundo, y en Panamá, tienen componentes de origen transgénico, debemos preguntarnos si nuestras autoridades —del Medio Ambiente, de Seguridad de Alimentos, Instituto de Investigación Agropecuaria, Ministerio de Salud y otras— desempeñan con eficiencia la función que están llamadas a rendir para proteger la salud del consumidor panameño y nuestro medio ambiente.

Porque una cosa es mejorar las propiedades de algún animal o vegetal combinando características naturales de su misma especie, como cuando se hacen injertos naturales para flores o frutas para fortalecer su cultivo, o se hacen cruces normales de perros o gatos para lograr mejores razas. Pero, se alega, otra cosa distinta es tratar de producir una reproducción artificial en un laboratorio con elementos de otra especie para lograr, por ejemplo, semillas más resistentes a plagas o mosquitos que solo procreen larvas muertas; y, además, se reprocha que estos procedimientos sólo estén en manos de grandes empresas transnacionales de países más industrializados, las que así conservan el control de las características de los productos transgénicos y de sus precios a nivel mundial.

Quienes alegan riesgos para la salud humana y de animales apuntan a efectos dañinos como trastornos hormonales, alergias, infertilidad, malformaciones, cáncer, resistencias a antibióticos, enfermedades del sistema inmunológico; y que hay peligros para el medio ambiente, como desarrollo de malezas más agresivas por transferencia del polen de cultivos modificados a cultivos corrientes. Quienes enfatizan los beneficios señalan los mayores rendimientos por área sembrada y mayor producción de carnes, leche y huevos a menor precio, semillas resistentes a plagas, mayor duración de los productos después de haber sido cosechados, mejor nutrición con vitaminas y proteínas naturales introducidas a los alimentos. Sabemos que en Panamá importamos, para consumo animal, millones de quintales de maíz desde Estados Unidos donde la mayor cantidad de maíz es transgénico porque sólo producimos una fracción del consumo anual de maíz.

Pero, de otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y algunos centros superiores de investigación en Estados Unidos aconsejan cautela y prudencia en relación a los posibles efectos buenos, malos o inocuos de transgénicos, aduciendo la falta de pruebas contundentes en una u otra dirección.

En Panamá hace falta divulgación que identifique alimentos y productos con elementos transgénicos, el volumen de su contenido y riesgos atinentes. Informar es obligación del gobierno. El consumidor tiene derecho a saber. Un paso inicial sería, como lo exige la normativa de la Unión Europea, que el etiquetado de alimentos deba expresar el contenido de elementos transgénicos. Nuestra ley debe exigirlo sin ambigüedades.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.