¿Los dueños del Seguro Social?

Fue importante y conveniente que el presidente, al relatar pormenores de su visita al hospital del Complejo Metropolitano, recordara a todos los funcionarios su obligación de atender con prontitud y esmero a los asegurados, porque ellos son “los dueños del Seguro Social” y, en consecuencia, los que pagan sus salarios. El recordatorio fue importante, pero solo servirá si efectivamente contribuye a un mejoramiento apreciable y comprobable en la atención de los asegurados y conlleva sanciones disciplinarias para los responsables.

Pero que se reconozca esa condición de propietarios a los asegurados y que estos reciban la atención que como tales merecen, debe ser, apenas, el inicio de un proceso que debe culminar con su control efectivo del presente y el futuro de la seguridad social, debidamente aclarado y precisado en las futuras modificaciones de su ley fundamental. Pero, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que debiera recoger y dar relevancia a ese concepto, es la primera en desconocerlo. De hecho, a los que menos les reconoce la condición de propietarios es a los asegurados cotizantes y los pensionados.

La instancia superior de gobierno de la Caja de Seguro Social es su junta directiva, encargada de diseñar y aprobar las políticas para su eficaz funcionamiento y de tomar las decisiones de mayor calado e importancia administrativa, económica y financiera; entre ellas, proponer la terna para el nombramiento de su dirección general y supervisar y controlar su desempeño, y aprobar las contrataciones y las inversiones que, por sus montos, exceden los límites fijados a la dirección general.

Consecuente con la importancia de esas funciones sería que “los dueños” estuvieran proporcional y mayoritariamente representados en la junta directiva, pero no es así. La junta directiva la integran dos (2) representantes del gobierno, tres (3) de los empleadores, uno (1) de los gremios de la salud, cuatro (4) de los trabajadores cotizantes (3 de la terna propuesta por Conato y 1 de la terna propuesta por la Fenesep) y uno (1) de los pensionados y jubilados.

Objetiva y numéricamente, esa composición no representa ni responde al concepto de que los asegurados, que no son el gobierno ni los patronos, son los dueños de la Caja de Seguro Social. En un análisis realista, hay que llegar a la conclusión de que los únicos y verdaderos aportantes a los fondos que financian la institución son los trabajadores, pues son los únicos que aportan parte de sus ingresos, magros en la mayoría de los casos, para sostenerla económicamente. Ni el gobierno ni los patronos sacrifican nada, pero, sin embargo, estos controlan 5 de los 11 votos de la junta directiva. Y, si, adicionalmente, es el gobierno el que decide a quiénes nombra para dirigir la institución y, también, el que nombra a los integrantes de su junta directiva, es claro que quienes tienen la sartén por el mango no son, precisamente, los supuestos “dueños del Seguro Social”.

A los trabajadores cotizantes y también a los pensionados, se les descuentan religiosamente, sus cuotas. ¿Quiénes las descuentan y en muchas ocasiones, como dan cuenta los informes financieros, las retienen y no las ingresan a la Caja? Los patronos privados y el Estado. Y lo anterior, con el hecho agravante y objetivamente cierto de que los aportes del Estado vienen de los impuestos que el gobierno recauda de la población y que la cuota que “aportan” los patronos no constituye ningún sacrificio de sus patrimonios, pues pasan a ser parte de sus costos de producción que después, al centésimo, los trasladan a los consumidores.

Esas realidades, que distorsionan y hacen ilusorios los derechos de los verdaderos propietarios debe ser objetivamente evaluada durante “el conversatorio” y ser objeto de recomendaciones precisas para corregirlas. ¡Las declaraciones, por más sonoras que sean, son solo declaraciones y por sí solas no bastan!