Lo que mal comienza, mal termina

El contrato-ley entre el Estado y Minera Panamá (First Quantum) es un desacierto que hoy debe tener a los directivos de la empresa, abogados y asesores de muy mal humor y lamentándose por haber fallado en prever y no haber medido bien las consecuencias de un proceso de negociación en el que se aprovecharon de las debilidades de su contraparte.

La asimetría entre las partes era abismal desde un principio. La anemia política y la flacidez económica de un gobierno necesitado de recursos para funcionar y complacer sus aspiraciones electorales hacían de la contraparte una presa fácil para una empresa de talla mundial, acostumbrada a tratar regímenes de pacotilla, todos reconocidos por su pobre institucionalidad y por su corrupción. Ese era el escenario, así de sencillo.

FQ utilizó todos los recursos legales y económicos a su haber para establecerse en Panamá. Primero compró un contrato riesgoso que tenía sobre sí una demanda de inconstitucionalidad. Luego, a pesar de un fallo en su contra, realizó cuantiosas inversiones en equipos e infraestructuras para continuar operando sin contrato. Por último, en el 2022, FQ negoció un nuevo contrato ley de concesión, más leonino que el anterior, donde obtenía términos y condiciones más allá de la simple explotación minera, que convertía al país en su coto para beneficio de sus accionistas.

A pesar de todos los llamados de atención y advertencias al gobierno y a la empresa para que la concesión para explotar cobre y minerales asociados se hiciera bajo una estructura asociativa, combinada y complementaria, FQ prefirió, por un lado, imponer un modelo extractivista basado en un complicado esquema de beneficios económicos donde la empresa genera y controla toda la información utilizada para definir los ingresos del Estado y, por el otro, se amparó en un estudio de impacto ambiental del 2011, desfasado y desprovisto de los nuevos conceptos de protección y mitigación ambiental para la minería metálica de tajo abierto, con más promesas que compromisos concretos para la auditoría de sus operaciones y la responsabilidad de reparar cualquier daño al medio ambiente.

La minería es una actividad industrial que requiere del conocimiento y del entendimiento no solo de las empresas sino también de los gobiernos y de los ciudadanos. Sus dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales, y el peso que estas tienen en el desarrollo del país, obligan a la intervención del Estado para determinar el valor de la concesión y la mejor manera de obtener ingresos y reducir los impactos de la extracción de un recurso no renovable en beneficio de todos los ciudadanos, no solo de la empresa.

¿Cómo FQ pudo confiar en un gobierno incapaz de resolver los principales problemas del país, sin capital político, para formalizar un nuevo contrato con términos y condiciones tan dispares y ventajosos para la empresa? No puedo contestar, pero ¿será que en las alturas de la mina, en Costa del Este o en Toronto no se aprecia que las necesidades sociales básicas de los panameños están insatisfechas; que la calidad de la gestión de gobierno , la educación, los servicios médicos y públicos están cada día peor; que la canasta básica de alimentos y medicamentos sube sin control; que los costos para ganarse la vida, tanto para empresarios como trabajadores, son irracionales y desincentivan a quienes quieren contribuir al crecimiento del país? La pauperización de la sociedad es evidente. La reacción de los panameños en contra del contrato estaba cantada.

Desde hace años vengo insistiendo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de cualquier acción humana. Para ello, sus cuatro componentes: lo político, lo económico, lo social y lo ambiental no pueden seguir siendo objeto de manipulación desde el poder y para el poder. La tecnología, la demografía, la globalización y lo ambiental han permitido el despertar de los ciudadanos, en su mayoría jóvenes sin mayores propósitos ni oportunidades, que ahora exigen participación, transparencia, rendición de cuentas y honradez en el manejo de los asuntos que los afecta, tanto en el sector público como en el ámbito privado, exigiendo para el país condiciones de convivencia que les permita esforzarse y obtener una vida con sentido, digna y productiva.

El autor es ingeniero.