Ley de Transparencia 2.0 (I)

En 2001, quien escribe, entonces presidente de la Comisión de Ética de la Apede, además de enfocar el problema de la corrupción y falta de transparencia en forma integral, como comisión procuramos ser proactivos, aplicando siempre soluciones concretas, alejadas de la retórica, sin afán de protagonismo y en la forma menos antagónica y más incluyente posible.

Teniendo claro que la corrupción o conducta no ética, tanto en cuanto corroe el sector público como al privado, de una u otra forma es la principal causa de todos los problemas que nos aquejan como sociedad, conceptualizamos el denominado: Proyecto «INTEGRIDAD»: “Iniciativa Nacional de Transparencia en la gestión pública, Ética empresarial y Gobierno corporativo, como Respuesta Ineludible y Determinante, hacia el Adecentamiento Democrático”.

Por considerarlo un tema prioritario, en la segunda mitad de 2001 tuvimos la iniciativa para que la Apede se convirtiese en el catalizador apropiado para integrar, mejorar, redactar y promover con éxito la aprobación de la denominada Ley de Transparencia. Su sanción, a principios de 2002, fue reconocida como hito histórico y desde entonces es Ley de la República.

Lo que hicimos en 2001 fue recabar tres anteproyectos que ya se habían presentado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, a saber, uno sobre la obligación del Estado de facilitar la información de carácter público en forma volitiva, permitiendo la participación ciudadana, presentado por un grupo de legisladores encabezados por Jerry Wilson; otro por el cual se establecía la Acción de Habeas Data, presentado por el legislador José Isabel Blandón; y un tercer anteproyecto por el cual se desarrollaba el derecho de acceso a la información, presentado por el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

Los tres anteproyectos, a los cuales no se había asignado prioridad por falta de la voluntad política necesaria, abordaban por separado conceptos distintos que apuntaban en la misma dirección, pero cuya efectividad solo se lograría si se aplicaban al mismo tiempo. Así las cosas, rescatamos, complementamos e integramos los tres anteproyectos en uno solo; al mismo tiempo aprovechamos, luego de numerosas reuniones en la Apede -las que contaron, entre otros, con la participación de la Defensoría del Pueblo (Juan Antonio Tejada Espino) y el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (Fernando Berguido y Angélica Maytín)-, para hacer ajustes necesarios, eliminar conceptos, según nuestro criterio errados o confusos, adicionando elementos nuevos con base en la experiencia y debates que sobre el tema se habían tenido en otras latitudes.

A iniciativa de la Apede, presidida por Carlos Ernesto González R., en un hecho sin precedentes, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa (presidida por el legislador Jerry Wilson) se trasladó en sesión oficial a nuestra sede en avenida Balboa, en cuyo momento correspondió a un servidor hacer la presentación formal de nuestra propuesta. La misma fue acogida, por consenso, para efectos de la integración de los tres anteproyectos en uno sólo, realizándose esto frente a los medios de comunicación; representantes de la Defensoría del Pueblo, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, Colegio Nacional de Abogados, Procuraduría de la Administración, de la Nación, etc.

Posteriormente, durante los debates en la Asamblea se trabajó con base en un documento preparado por nuestra Comisión de Ética en el cual, sobre el primer anteproyecto que constaba en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea (anteproyecto n.° 48), integramos todas nuestras propuestas de modificación. Se logró la aprobación del texto integrado trabajado en la Apede; el presidente de la Asamblea era el legislador Rubén Arosemena.

La verdad sea escrita, no había por parte del Gobierno de Mireya Moscoso la voluntad política para sancionar la Ley. De hecho, el contralor Alvin Weeden recomendó formalmente su veto por inexequible. Pero luego del escándalo a raíz de la exhibición de los seis mil dólares por parte del legislador Afú, como parte de un pago total de 20 mil por persona a beneficio de algunos legisladores relacionado con el caso Cemis, ayudó como presión para que se sancionase la Ley; sin embargo, meses luego de la promulgación de la Ley el Órgano Ejecutivo emitió un decreto reglamentario que en forma clara contrariaba la letra y espíritu de la Ley y, con base en dicho decreto, el Gobierno obstaculizó el cumplimiento de la misma, y la Corte Suprema de Justicia permitió que la Ley fuese inefectiva en algunos aspectos. La ilegalidad del referido decreto fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por la Defensoría del Pueblo, pero luego los cuatro candidatos presidenciales para las elecciones del 2 de mayo de 2004 (incluyendo el candidato oficialista), se comprometieron públicamente a derogar -de ser favorecidos con el voto popular mayoritario- el decreto reglamentario de la Ley.

Pasadas las elecciones, ejercida la debida presión, nos aseguramos de que el nuevo Gobierno, presidido por Martín Torrijos, corrigiese el exabrupto.