Ley de Transparencia 2.0

En 2001, en nuestra condición de entonces presidente de la Comisión de Ética y Civismo de la APEDE, además de enfocar el problema de la corrupción y falta de transparencia en forma integral, procuramos ser proactivos, aplicando siempre soluciones concretas, alejadas de la retórica, sin mayor afán de protagonismo y en la forma menos antagónica y más incluyente posible.

Teniendo claro que la corrupción o conducta no ética, tanto en cuanto corroe el sector público como al sector privado, de una u otra forma es la principal causa de todos los problemas que nos aquejan como sociedad, conceptualizamos entonces el denominado: Proyecto «INTEGRIDAD»: “Iniciativa Nacional de Transparencia en la gestión pública, Ética empresarial y Gobierno corporativo, como Respuesta Ineludible y Determinante, hacia el Adecentamiento Democrático”.

Por considerarlo un tema prioritario, en la segunda mitad del año 2001 tuvimos la iniciativa para que la APEDE se convirtiese en el catalizador apropiado para integrar, adecuar, mejorar, redactar y promover con éxito la pronta aprobación de la denominada Ley de Transparencia. Su sanción, a principios del año 2002, fue reconocida como un hito histórico y desde entonces es Ley de la República.  Posteriormente, y también como parte del mencionado proyecto INTEGRIDAD, logramos la firma del Pacto Ético Empresarial de Panamá, por parte de todos los gremios del sector privado.

Regresando a la Ley de Transparencia, lo que hicimos en 2001 fue recabar tres ante-proyectos que ya se habían presentado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, a saber, uno sobre la obligación del Estado de facilitar la información de carácter público en forma volitiva, permitiendo la participación ciudadana, presentado por un grupo de legisladores encabezado por Jerry Wilson; otro por el cual se establecía la Acción de Habeas Data, presentado por el entonces legislador José Isabel Blandón (hoy día candidato presidencial); y un tercer ante-proyecto por el cual se desarrollaba el derecho de acceso a la información, presentado por el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

Los tres anteproyectos, a los cuales no se había en su momento asignado prioridad alguna por falta de la voluntad política necesaria, abordaban por separado conceptos distintos que apuntaban en la misma dirección, pero cuya efectividad solamente se podía lograr si dichos conceptos se aplicaban al mismo tiempo.  Nosotros lo que hicimos fue primero rescatar, complementar e integrar los tres ante-proyectos en uno solo; al mismo tiempo aprovechamos, luego de numerosas reuniones en la APEDE, las que contaron entre otros con la participación de la Defensoría del Pueblo (Juan Antonio Tejada Espino) y el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (Fernando Berguido y Angelica Maytín), para hacer algunos ajustes necesarios, eliminar algunos conceptos, según nuestro criterio errados o confusos, adicionando algunos otros elementos nuevos con base en la experiencia y debates que sobre el tema se habían tenido en otras latitudes, dándole así coherencia a la materia con el propósito de conformar el cuerpo jurídico que elaboramos.

A iniciativa de la APEDE, entonces presidida por Carlos Ernesto González Ramírez, en un hecho sin precedentes la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa (entonces presidida por Jerry Wilson) se trasladó en sesión oficial a nuestra sede, en cuyo momento correspondió a un servidor hacer la presentación formal de nuestra propuesta; la misma fue acogida, por consenso, para efectos de la integración de los tres ante-proyectos en uno sólo, realizándose esto ante la presencia de los medios de comunicación, los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, el Colegio Nacional de Abogados, la Procuraduría de la Administración, de la Nación, las iglesias Cristianas históricas, etc.

En efecto, durante los debates subsiguientes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, se trabajó positivamente en base a un documento preparado por nuestra Comisión de Ética de APEDE en el cual, sobre el primer anteproyecto que constaba en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea (anteproyecto No. 48), integramos todas y cada una de nuestras propuestas de modificación. Y se logró la aprobación del texto integrado que habíamos trabajado en la APEDE; el presidente de la Asamblea era entonces el legislador Rubén Arosemena.

Históricamente hablando, la Ley de Transparencia fue hace 21 años un enorme paso en la dirección correcta; en su momento fue considerada esa Ley como de vanguardia en el ámbito latinoamericano, y mucho orgullo para nuestro país.

La verdad sea escrita, no había por parte del gobierno presidido por Mireya Moscoso la voluntad política para sancionar la Ley de Transparencia. De hecho, el entonces Contralor Alvin Weeden había recomendado formalmente su veto por inexequible. Pero luego el escándalo a raíz de la exhibición de los seis mil dólares por parte del entonces legislador Afu, como parte de un pago total de 20 mil a beneficio de legisladores relacionado con el caso CEMIS, ayudó como presión para que se sancionase la Ley de Transparencia; pero, meses luego de la promulgación de la Ley, el órgano ejecutivo emitió un innecesario decreto reglamentario, que en forma clara contrariaba la letra y espíritu de la Ley y, con base en dicho decreto, el gobierno obstaculizó el cumplimiento de la misma, y la Corte Suprema de Justicia permitió que la Ley fuese  inefectiva en algunos aspectos.  La ilegalidad del referido decreto fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la Defensoría del Pueblo, pero luego los cuatro candidatos presidenciales para las elecciones del 2 de mayo de 2004 (incluyendo el candidato oficialista), se comprometieron públicamente a derogar -de ser favorecidos con el voto popular mayoritario- el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia.

Pasadas las elecciones, ejercida la debida presión, nos aseguramos de que el nuevo gobierno presidido por Martín Torrijos (hoy nuevamente candidato a la presidencia de la República), corrigiese el exabrupto.

Es entendible, sin embargo, la constante y continua resistencia gubernamental para el fiel y cabal cumplimiento de la Ley, debido a razones políticas y a la vieja subcultura de secretismo que ha caracterizado desde años ha el manejo de la cosa pública, más no por ello es tolerable.  Lo más importante es que esa subcultura de secretismo que se venía alimentando año tras año, década tras década, gracias a la Ley de Transparencia ya no existe como tal.

Reconocemos y aceptamos que una Ley de 21 años de existencia deba ser revisada, actualizada, pero nunca reemplazada como se pretende mediante el proyecto de Ley 1031 presentado por la ANTAI, hoy día en discusión en la Asamblea. Un proyecto de Ley que, si bien tiene un contenido positivo en un 75% según Olga de Obaldía, del Capítulo panameño de Transparencia Internacional, contenido que hay que no deberían los diputados desvirtuar, según ella y otros actores careció de amplia consulta ciudadana previa, y mantiene un 25% por ciento de contenido que comporta un claro retroceso.

En nuestra opinión, es contraproducente y peligroso que una temática de esta naturaleza se debata en pleno proceso electoral. Consideramos que pasadas las elecciones, sí es preciso revisar y actualizar la Ley de Transparencia para modernizarla, no para reemplazarla; y esto es algo que requiere de la más amplia consulta previa, salvaguardando ese 75% positivo contenido en el actual proyecto 1031, corrigiendo el 25% que representa un claro retroceso, y aprovechando para asegurar que la ANTAI no quede supeditada a ningún gobierno de turno. En el sentido anterior, que goce de verdadera independencia (administrativa y presupuestaria), modificando para ello la Ley 33 de 2013 que creó esta entidad.

La transparencia es indispensable para el fortalecimiento democrático, y como tal es menester que mandatarios y quienes otorgan ese mandato (los electores), y las distintas autoridades en los tres órganos del Estado, coincidan en la importancia y compromiso de salvaguardarla y protegerla.