La solución no es un sistema único de salud

La salud de la población de Panamá sufrió importantes retrocesos a partir de julio de 2019, situación que se vio agravada por la pandemia de covid-19, que hizo su aparición a inicios de 2020 y afectó todas las naciones del orbe. Sin embargo, el daño que muestran distintos indicadores de acceso a los servicios de salud en nuestro país son, en buena medida, independientes de la pandemia viral y se explican por decisiones políticas de las autoridades gubernamentales, tanto en el plano institucional y económico como en el operativo y de directrices sanitarias.

La transición epidemiológica panameña no terminó en el escenario habitual del desarrollo, donde las principales causas de muerte, por ejemplo de la Unión Europea son enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, sino que en nuestro caso la pandemia de diabetes generó otro desenlace, asociado a la desigualdad que cruza la sociedad en todas sus dimensiones, lo que ha dado una transición de riesgo de salud por la dificultad de los barrios de tener acceso a los alimentos frescos, por el abaratamiento relativo de alimentos de alto contenido calórico y las pocas proteínas cuando en el plato están fritas.

La cobertura de salud insuficiente panameña se refleja en la mala planificación de la asignación del recurso y despreciar en la planificación del presupuesto estatal, el incremento de la informalidad laboral en Panamá y que nuestros dirigentes no le ha dado la gana de aumentar la inversión en salud pública per cápita. Nuestra inversión en salud en Panamá es del 5% del PIB y todavía está lejos de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que indica que la inversión de salud debe ser como mínimo 9% del PIB y el mínimo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es 6% del PIB.

Las voces que han planteado un sistema unificado de salud en Panamá, aparte de demagogas, pretenden usar los fondos privados de las cuotas obrero-patronal para gestionar la salud del pueblo. El pueblo panameño necesita atención oportuna a la salud, pero no a costa de los que trabajan y aportan, sino a través de la asignación de recurso suficiente del Presupuesto del Estado en relación al PIB per cápita. Para que en Panamá exista un sistema único de salud, debe implicar una indispensable ampliación de la capacidad recaudatoria del Estado.

En los países donde más se ha avanzado en la cobertura universal de los servicios de salud, el grueso del financiamiento se da a partir de impuestos generales, a los que contribuyen más las personas de mayores ingresos. Eso permite que pague “cada quien según sus capacidades” y que reciba atención “cada quien según sus necesidades”. Este esquema hace factible que el acceso a la salud no se convierta en un elemento de desigualdad sino una herramienta de equidad social.

La característica de la salud panameña es una crónica insuficiencia de recursos públicos que impacta en la capacidad de ofrecer bienes y servicios públicos en la cantidad y calidad requeridas. Si la mitad de los gastos de las instituciones del ministerio de Salud y patronatos se financian con el dinero privado de las contribuciones de empleadores y trabajadores y se debe asegurar la cobertura universal por medio de recursos fiscales, no habrá que pasar de 5% a 9% del PIB sino de 2,5% a 9% del PIB, disminuyendo así sea de forma gradual la aportación de las cuotas obrero patronales que financian el gasto en salud de la Caja, es decir, el esfuerzo será de tal magnitud que no solo habrá que duplicar, sino cuadruplicar, el gasto gubernamental en salud.

La escasez en los recursos económicos que proveen los diputados de la Asamblea Nacional al ministerio de Salud ha determinado una atención de la salud que se traduce en una oferta de servicios inferior a la demanda y a las necesidades de la población.