La lógica detrás del impuesto a la comida chatarra

Los impuestos a productos están destinados a disuadir a las personas de consumirlos porque son dañinos para la salud. Luego de años de cobrar impuestos a los consumidores por comprar cigarrillos y alcohol, muchas personas debaten la conveniencia de imponer impuestos a la comida chatarra.

Es evidente que las personas tienen un problema de obesidad. La pregunta es si un impuesto a sodas y alimentos ultraprocesados es una forma efectiva de frenarla. En el mundo se ha propuesto impuestos a las sodas en más de cincuenta países. Pero hasta el momento, solo en Berkeley, California, parecen estar cumpliendo su propósito. El impuesto en Berkeley está dirigido a los minoristas que venden a los consumidores sodas, bebidas energéticas, tés dulces y bebidas similares. A pesar del apoyo al impuesto entre la población, la Asociación Estadounidense de Bebidas gastó millones de dólares tratando de eliminarlo. Sin embargo, luego de casi ocho años de aplicación, el impuesto de 1 centavo por onza ha reducido el consumo de bebidas azucaradas en un 21%, según un estudio publicado en el American Journal of Public Health. Y lo más importante, los residentes de Berkeley parecen estar bebiendo más agua (https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2016.303362).

La experiencia de Berkeley no ha sido tan fácil de copiar. En 2017 los votantes de Filadelfia aprobaron un impuesto de 1.5 centavos por onza a la mayoría de las bebidas azucaradas, incluyendo sodas, bebidas energéticas, tés, bebidas deportivas y aguas saborizadas. En sus primeros tres años, el impuesto terminó recaudando $191.7 millones. Inicialmente, se suponía que el dinero se usaría solamente para financiar programas de educación y construcción de instalaciones recreativas e iniciativas de educación infantil. Pero gran parte de los ingresos adicionales se usaron para pagar servicios sociales y beneficios a discapacitados y personas sin hogar.

Igual situación sucedió aquí en Panamá luego que en 2019 se creó un impuesto del 10% a las sodas, dineros que fueron a parar al hoyo negro de las cuentas del Tesoro Nacional y se usaron para pagar subsidios durante la pandemia.

Quienes entienden la lógica de crear estos impuestos para disuadir a las personas y evitar que los compren porque causan enfermedades crónicas, sienten que es hora de incluir más productos como los altos en grasas saturadas, sales y azúcares. El consumo de estos productos se ha relacionado con serios problemas de salud como enfermedades crónicas, padecimientos cardíacos, cáncer, diabetes tipo 2 y obesidad. Y cuando las personas tienen que lidiar con estos problemas, se ven obligados a pagar más por la atención médica. Los defensores de estos impuestos señalan que los ingresos recaudados pueden ir más allá de mejorar la salud pública y recomiendan usarlos para construir huertos caseros o urbanos, especialmente en hogares y comunidades de personas de bajos ingresos con un mayor riesgo de desarrollar afecciones relacionadas con el corazón.

No obstante, los que se oponen como las embotelladoras, afirman que los impuestos pueden perjudicar a las tiendas de comestibles y pequeñas empresas locales y hacer que los trabajadores en la industria pierdan sus empleos. Por supuesto que estas posturas son típicas de personas insensibles y no representan la realidad de que el mundo está en medio de una crisis de salud y que todos debemos ayudar a resolver. Estos críticos también han dicho que los impuestos apuntan injustamente a los consumidores más pobres porque les reducen su capacidad adquisitiva y al final pagan más y no resuelven el problema de obesidad. Aunque aquí es oportuno reseñar que existen informes concretos que muestran que, si el impuesto es bien administrado y los dineros son bien asignados, las tasas de obesidad sí disminuirían como las de Berkeley.

Por el momento, la evidencia es suficiente para señalar que los impuestos a las sodas y demás comidas chatarras funcionarán en la medida en que exista una estructura eficiente y una estrategia robusta. No es el impuesto el que va hacer que se reduzcan las tasas de obesidad sino la capacidad de organizar y ejecutar un plan para financiar programas educativos y ayudar a las personas a comer saludable.

Por eso les propongo a las embotelladoras y demás compañías fabricantes de comida chatarra, que en vez de pelear contra el impuesto y nadar contra la corriente, mírense en el espejo de las tabacaleras y véanlo como un acto de responsabilidad social, y de una vez por todas ayuden a invertir en acabar las enfermedades crónicas que nos están matando.