La jornada electoral

Resultó una jornada electoral inédita en nuestra segunda era democrática que inicia en 1990. Dada las circunstancias que la caracterizaron, el triunfo es compartido, el presidente electo, José Raúl Mulino; los partidos RM y Alianza; la organización Vamos; la institucionalidad democrática; el país y pueblo panameño. Como colectivo nacional, logramos superar hechos bochornosos que jamás deben repetirse, si es que pretendemos ser respetados dentro de la comunidad de naciones en que impera el respeto a la soberanía popular.

Lo superado obliga implementar correctivos, principalmente la drástica reducción de los fondos públicos que se otorgan a los partidos políticos, en concepto de financiamiento público o subsidio electoral, los cuales deben limitarse estrictamente a temas de capacitación y educación de valores democráticos. En su magnitud actual, estos fondos se han convertido en fuente de corrupción, y los resultados electorales demuestran que no producen beneficio alguno. En el quinquenio 2019-2024, tres partidos repartieron entre ellos la suma aproximada de B/. 100 millones de dólares, siendo estos tres partidos PRD, CD y Panameñista, que paradójicamente reciben entre los tres un escuálido 16% del voto presidencial.

Los graves hechos acaecidos ameritan el inicio de investigaciones de oficio por parte de las autoridades correspondientes de la Fiscalía Electoral y del Ministerio Público, por la probable comisión de las conductas delictivas que tipifican el Título VIII, Capítulo 1, Secciones 1a, 2a y 3a del Código Electoral; y Artículo 435 del Código Penal. La única manera de proteger nuestra institucionalidad democrática es que florezca la verdad de lo acontecido, las pruebas de comunicaciones electrónicas u otras que revelen el nombre de los ciudadanos que hayan incurrido en tan graves conductas, y el castigo ejemplar de quienes resulten responsables. No guardo la menor duda que estarán vinculados a los partidos mencionados como los grandes beneficiarios del exagerado subsidio electoral.

Con su voto, el pueblo demostró una sabiduría asombrosa, que nos compromete aún más con caros valores de institucionalidad democrática. No solo optó por el mejor y más preparado de los candidatos para afrontar los impostergables retos del colectivo nacional, inició además el proceso de relevo generacional, dando la mayoría legislativa a la organización Vamos. El surgir político electoral de este novel grupo no tiene precedente en nuestra historia. Se impuso la sapiencia del pueblo, sepultando para siempre a quienes pretendieron defenestrar la soberanía popular.

Pondero a futuro la ejemplar conducta en esta crisis de juristas que con firmeza sostuvieron los principios que juraron defender, al asumir los importantes cargos que ocupan. Actuaron sin ambivalencia, ni jugando en dos aguas, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo Salazar, cuya opinión a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia respecto a los valores superiores contenidos en el ordenamiento constitucional, debe ser materia obligada de estudio en nuestras facultades de derecho. El magistrado Olmedo Arrocha, que supo defender e imponer su ponencia contra todo tipo de presiones mediáticas y políticas. El magistrado Cecilio Cejalice, quien en su salvamento de voto pondera la atribución constitucional que de forma privativa le concede el numeral 3 del artículo 143 de la Constitución Nacional al Tribunal Electoral en “reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla, y conocer de las controversias que origine su aplicación”. Considero debió unirse a la mayoría mediante voto razonado, pero respeto su decisión. Y los magistrados del Tribunal Electoral, Eduardo Valdes Escoffery y Luis Guerra Morales, que el martes 30 de abril iniciado el voto electrónico, hablaron alto y claro respecto el proceso electoral y su resultado, comprometiéndose a proclamar al candidato que resultara electo por mayoría del pueblo panameño. Así se construye la democracia, con valores y principios, lo demás es accesorio.