La CAN, una luz para el sistema de salud

Los integrantes de la Comisión de alto nivel para la transformación del sistema de servicios de salud panameño (CAN), respetadísimos y entusiastas líderes de gremios diversos del sector salud, revelan tener un cierto sentido holístico, en su propuesta de transformadora. Esto es importante por cuanto lo que se plantee hacer para la superación de la problemática de la salud será en vano si no se interviene comprendiendo que la salud está íntimamente implicada con el resto de las dimensiones de toda sociedad. Así, plantearse el desarrollo de una sociedad es absolutamente inútil si las cuestiones de salud no están siendo parte de esta ecuación, tanto como ocurre con la educación u otros sectores sociales y económicos que se plantean como prioritarios.

Desde 1990 hacia acá, los nuevos tecnócratas y los nuevos tomadores de decisión política desdeñaron esta visión de la planificación de conjunto u holística que reaparece en esta comisión técnica política.

En realidad, el quid de este asunto no es tanto el de efectuar planificación o no. La cuestión es que, cuando esta no entra en la lógica de la búsqueda del máximo de ganancia económica posible, los proyectos, programaciones y planes mueren en su cuna.

El no poder ejecutar planificación holística (que es estratégica, pero que no significan lo mismo), esto es, por ejemplo, aquella que mide cuánto de la inversión que se hace para los sectores económicos implican cuánto de inversión debe hacerse en salud, redunda en elevar la ineficiencia del conjunto de la inversión para el desarrollo del conjunto de la sociedad, al elevar los costos que resultan del “desequilibrio” que se suscita entre inversiones para sectores económicas respecto de las de salud.

Cabe aclarar, que cuando se habla de “desequilibrio” podemos suscribir la noción que nos ofrecía una obra clásica sobre temáticas de la salud y el desarrollo en la década de los años 1960 y 1970, en la que se enfatizaba el denominado “equilibrio pernicioso” a saber, “al que traba el desarrollo, al que se observa, por ejemplo, en un país con un ingreso nacional alto con condiciones socio culturales deficientes” (Sonis, 1975). En nuestro país, esto se traduce en realidades tales como que mientras el PIB y la economía (de algunos) creció continuamente en las primeras décadas del siglo actual, la tasa de mortalidad también creció ininterrumpidamente en ese período. ¿Más riquezas, menos salud? Pues en este modelo de desarrollo impuesto gracias a la invasión militar de 1989, así mismo es.

La mezquindad propia de este modelo que busca el máximo de ganancia económica para los que acumulan capitales privados-enemigos de la planificación holística-irónicamente, encuentra voceros y defensores entre amplios grupos de trabajadores formales que no han comprendido que para poder superar sus propios problemas de salud, se requiere poder intervenir sobre este sector de manera conjunta y no desde instituciones de servicios divorciados. Incluso, desde una perspectiva (neo) liberal, podríamos acusar de irresponsable la permanencia de instituciones excluyentes entre sí (Minsa y CSS) cada vez que se niega que existen beneficios producidos por Minsa que históricamente han sido internalizados por la CSS.

Es el caso, de la baja sensible de las enfermedades infecciosas de origen ambiental (malaria, fiebre amarilla, infecciones intestinales, etc..) que han reducido los gastos de la CSS en materia de asistencia médica y hospitalaria, lo mismo que en las pensiones de incapacidad temporal y permanente por ese tipo de padecimientos. En plena pandemia y los años subsiguientes, la mayor parte de los medicamentos lo encontraban los asegurados en los centros de salud y hospitales del Minsa, ya que en la CSS estaban agotados; lo contrario no suele ocurrir. Se evidencia que, en el papel la CSS atiende al 80% de la población en sus servicios de salud, en la práctica, este porcentaje es mucho menor, repartido entre asegurados que utilizan los servicios del Minsa y del sector privado. Los tecnócratas hacen trampa aquí, exigen que lo que gasta la CSS en servicios ofrecidos por el Minsa sea retribuido, pero no al revés, aplicando la misma lógica mercantil privada que considera que los usuarios que no representan ganancias deben ser asumidos por el Estado.

La propuesta hecha por la CAN, con todas las imperfecciones que pudiese contener, tiene un sentido holístico que debería ser el norte de las reivindicaciones de los sectores populares que estamos más afectados por el sistema de salud bicéfalo actual.