¿‘Operation Just Cause’ o crimen de lesa humanidad?

Algunos minutos antes de la media noche del 20 de Diciembre de 1989, el ejército más poderoso de la Tierra desató por cielo, mar y suelo istmeño, el horrendo crimen de lesa humanidad, ‘un ataque [militar] generalizado o sistemático contra una población civil’.

Como lo demuestra el testimonio de la familia Padilla-Brown e incorporado en una comparecencia nuestra (Cortesía de Sala) en Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria correspondiente al 4 de diciembre de 2007.

‘Señor presidente, honorables diputadas y diputados, Rita [Padilla Brown] no era civilista ni tampoco militarista, ella es una víctima inocente, [que] para salvar su vida tuvo que saltar del balcón de su apartamento, cuando producto del bombardeo indiscriminado de la fuerza aérea estadounidense, incluyendo el avión invisible, se incendió el barrio mártir.

Producto de esta acción de indescriptible brutalidad cometida por el ejército de los Estados Unidos, quedaron discapacitados la madre de Rita, aquí presente, una sobrina de Rita, recién nacida. Este 20 de Diciembre cumplirá 18 años de edad. Y, perdió la vida, un hermano de Rita. ¿Puede alguien aquí presente contar una mayor tragedia familiar que ésta?’.

Tres fueron los argumentos esgrimidos por el Gobierno de George W. Bush para justificar la invasión: 1. Proteger a los ciudadanos estadounidenses; 2. Garantizar los Tratados Torrijos Carter de 1977; 3. Capturar al general Manuel A. Noriega.

Pero hay abrumadoras evidencias de que los ciudadanos estadounidenses no corrían peligro en Panamá y no se requería de la supuesta protección brindada con la cruenta invasión militar. En primer lugar, porque los panameños son ciudadanos esencialmente pacíficos y, sobre todo, ‘amigos de los norteamericanos’; segundo, porque las tropas militares estadounidenses emplazadas (para entonces) en las riberas del Canal, eran un suficiente disuasivo para cualquiera pretensión criminal antinorteamericana.

Nuestro país, tampoco había ‘denunciado’ los Tratados del Canal recientemente firmados en el año de 1977, por lo que no se requería, en lo absoluto, de la ‘garantía militar’ estadounidense.

Por último, el más vil de los engaños propalado por las agencias estadounidenses para justificar nacional e internacionalmente el genocidio del 20 de Diciembre de 1989: la captura del general Manuel A. Noriega. Esta infamante mentira se cae por el peso de los hechos ocurridos el 3 de octubre del mismo año, cuando oficiales de las Fuerzas de Defensa, retuvieron por varias horas al ‘hombre fuerte de Panamá’, y prácticamente suplicaron a los militares estadounidenses que se lo llevaran.

Los jefes supremos de los comandos militares estadounidenses, Collin Powell y Marc Cisneros, no solo no ordenaron a sus subalternos cumplir el ‘compromiso’ de trasladar a Noriega a los Estados Unidos, sino que su conducta omisiva los señala ante la historia como los ‘coautores intelectuales’ del asesinato de los militares panameños que, junto al Mayor Moisés Giroldi, propiciaron la fallida asonada castrense de la fecha antes mencionada.

No está de más indicar que las agencias internacionales de prensa al servicio del ‘hermano grande’ agregaron una cuarta causa justa para violar la soberanía nacional de un Estado de apenas 3 millones de habitantes, se trató del maniqueo argumento de la ‘defensa de la democracia y los derechos humanos en Panamá’.

El maniqueísmo norteamericano estuvo reflejado en el hecho incontrastable de que mientras el Gobierno militar istmeño sirvió a sus intereses todo estaba bien (21 años de Gobierno militar). Pero, cuando las actuaciones de Noriega resultaron molestas a las pretensiones geopolíticas estadounidenses, entonces había que ‘satanizar’ al país entero.

Veinticinco años después de la invasión genocida estadounidense, lamentablemente, tenemos que afirmar de forma categórica que a los invasores nunca les interesó realmente dejar sentadas las bases para el establecimiento de regímenes genuinamente democráticos y respetuosos de los DDHH.

A excepción del mandatario Guillermo Endara, la impronta de los políticos postinvasión ha sido un absoluto irrespeto de los DDHH de los panameños de a pie, y la constitución de una democracia de pacotilla o caricatura de democracia, caracterizada por el más perverso sistema institucional de corrupción y latrocinio del erario.

¿Tendremos esta vez una verdadera ‘Operation Just Cause’ anticorrupción y antioligarquía, ahora encabezada por las fuerzas morales de la Nación panameña, que declare, entre otras cosas, el 20 de Diciembre como ‘Día de Duelo Nacional’? Amanecerá y veremos. ¡Así de sencilla es la cosa!

ABOGADO